México, 18 de agosto de 2020.- Los tres poderes de la Unión coincidieron en la urgencia de llevar a cabo una reforma profunda al sistema de justicia en México, en el que todas las personas, tengan acceso a una justicia moderna, eficiente y de calidad, que restituya derechos a las víctimas.
Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea, ministro-presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que esta reforma es necesaria para contar con una justicia más eficiente y eficaz.
“Esta reforma es necesaria para modernizar la justicia federal; y en este momento, además tiene un renovado sentido de urgencia, no solo porque la pandemia por Covid-19 ha puesto en evidencia la necesidad de un acceso a la justicia más moderna y de mejor calidad, sino porque es indispensable recuperar el tiempo perdido y llevar lo antes posible una justicia más cercana, con mayor sensibilidad social y humana; más eficiente y eficaz al pueblo de México”.
Al participar en el Primer Encuentro Nacional Digital “Desafíos de la Justicia Mexicana”, organizado por el Senado, el ministro Zaldívar destacó que con esta reforma la Corte resolvería menos asuntos y se enfocaría en desahogar solo aquellos que entrañen violaciones directas a la Constitución y aquellos que revistan un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos
“La Corte debe dejar de ser una máquina de tramitación de recursos dilatorios o un guardián de la legalidad de las leyes estatales, que absorben un porcentaje demasiado alto en sus recursos institucionales y de sus energía, sin beneficio tangible para la sociedad”.
Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República (FGR), reconoció que el actual sistema de justicia no atiende a la “inmensa” mayoría de los mexicanos
“En México tenemos un problema de victimización que ha ido creciendo de una manera desmesurada. Defender a las víctimas no significa quebrantar los principios de defensa a cualquier ser humano y una debida justicia y a un debido proceso. No hay que confundirlos, defender a las víctimas no es proteger a los delincuentes, no es cambiar lo bueno que se ha logrado en este camino que ha sido tan largo y que no ha dado los resultados que nosotros estamos pretendiendo. (…) Yo creo que ya debe de acabarse ese sistema de quien le echa la culpa a quien, para encontrar un sistema de quien asume la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros de los mexicanos”.
En su participación, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, destacó que existe un clamor popular y ese es el de la justicia, que su acceso sea para todos los mexicanos, sin importar su condición socioeconómica.
“En la Cuarta Transformación estamos convencidos de una justicia accesible para todas y para todos los mexicanos, de manera tangible, que no se quede únicamente en las narrativas oficiales, sino que se haga realidad en nuestras acciones”.
Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia de la República, reconoció que la consolidación del Estado de derecho es el gran pendiente del Estado mexicano, para lo cual resulta fundamental el proceso de selección de juzgadores.
“Hoy vemos jueces que terminan convirtiéndose en mercaderes, muchos de ellos mínimamente calificados, no dirigen su energía a tareas distintas al abuso del poder, la mediocridad burocrática y la concesión de impunidades. Como servidores públicos no podemos aceptar la incorporación de familiares, amigos, como la regla que siga imperando en la integración de nuestro Poder Judicial, cuando el único principio tenía que privar para estos efectos es el mérito personal”.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, mencionó que la reforma que se haga al sistema de justicia, no podrá ser regresiva en cuanto a los derechos establecidos para las personas.
Reconoció que la justicia actualmente está acechada por 3 amenazas y 6 vulnerabilidades.
“Entre las amenazas, la más importante tiene que ver con la delincuencia organizada y con la detección junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina y del Sistema Nacional de Inteligencia de 19 organizaciones delictivas de alto impacto. (…) Esto debe generar un importante flujo de recursos financieros ilícitos generados en el país y por tanto es necesario que las legislaciones normativas ataquen a este tema que se vincula con la proliferación de actividades ilícitas por parte de los grupos delincuenciales”.
En este foro también participaron gobernadores; los coordinadores parlamentarios en el Senado; el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado y Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.