La presidenta Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre las acusaciones por narcotráfico y tráfico de armas presentadas en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otras nueve personas, y afirmó que el gobierno federal actuará con base en la ley, sin encubrimientos, pero también con una defensa firme de la soberanía nacional.
Durante su posicionamiento público, la mandataria explicó que el 28 de abril por la noche la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos relacionados con solicitudes de detención provisional con fines de extradición para ciudadanos mexicanos.
Un día después, dicha información fue turnada a la Fiscalía General de la República, para su análisis conforme al marco legal vigente en México.
De manera paralela, el 29 de abril al mediodía, el Department of Justice de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, hizo pública una acusación formal contra 10 mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, un senador de la República y el alcalde de Culiacán, además de otras personas señaladas por presuntos vínculos con actividades delictivas relacionadas con narcotráfico y tráfico de armas.
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su extrañamiento debido a que junto con la acusación se difundió un documento denominado “acusación de reemplazo bajo reserva”, lo que, de acuerdo con la postura oficial, vulneraría la confidencialidad de procesos que deben regirse por tratados internacionales en materia de cooperación judicial.
En este contexto, la Fiscalía General de la República informó que su Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales revisará detalladamente la documentación recibida con el objetivo de determinar si existen elementos probatorios suficientes que permitan dar viabilidad a las solicitudes de cooperación o, en su caso, a la eventual judicialización de los casos.
Asimismo, la institución anunció que iniciará una investigación paralela para recabar toda la información disponible y establecer si los señalamientos hechos por autoridades estadounidenses cuentan con sustento jurídico suficiente bajo la legislación mexicana, particularmente en lo referente a la posibilidad de solicitar órdenes de aprehensión.
La propia Fiscalía recordó que, conforme al sistema jurídico nacional, para que un juez pueda emitir una orden de aprehensión se requieren datos de prueba que permitan inferir razonablemente la probable responsabilidad de una persona en la comisión de un delito.
En su mensaje, Sheinbaum subrayó que su administración mantiene un compromiso absoluto con la Constitución, el Estado de derecho y el bienestar del pueblo de México. Señaló que su gobierno no protegerá a ninguna persona que resulte responsable de la comisión de delitos, sin importar su cargo o posición política.
“Si la Fiscalía encuentra pruebas contundentes e irrefutables conforme a la ley mexicana, o en su propia investigación se determinan elementos constitutivos de delito, se procederá conforme a derecho”, sostuvo.
No obstante, la presidenta advirtió que si no existen pruebas claras que sustenten las acusaciones, su gobierno considerará que este tipo de señalamientos podrían tener una motivación política.
En ese sentido, enfatizó que México no aceptará ningún tipo de injerencia extranjera en decisiones que competen exclusivamente a sus autoridades y a su sistema de justicia.
Sheinbaum reiteró que la relación con otros países se basa en un principio de igualdad entre naciones, y rechazó cualquier forma de subordinación o intervención en asuntos internos.
“Debo ser muy clara: verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esa es nuestra posición”, afirmó la mandataria, al cerrar su posicionamiento.
Con ello, el gobierno federal buscó enviar un mensaje de equilibrio entre la cooperación internacional en materia de justicia y la defensa de la autonomía institucional del Estado mexicano frente a procesos judiciales iniciados en el extranjero.
