México, 19 de enero de 2020.- El Senado tiene listo el anteproyecto de ley en el que se aumenta la posesión de marihuana y se permita su venta, consumo y siembra.
Según el documento, la portación permitida para consumo personal pasará de 5 a 28 gramos. Superando esta medida, se aplicarán multas.
Las comisiones dictaminadoras presentaron el predictamen en el que se considera la creación del Instituto Mexicano del Cannabis, el cual emitirá licencias y permisos y supervisará la producción y comercialización de cannabis.
La nueva Ley para la Regulación del Cannabis prevé que la marihuana estará permitida para fines recreativos, ya sea para el consumo propio o para el uso compartido entre quienes integren asociaciones de consumo.
También, se autorizará para investigación, uso médico o farmacéutico, paliativo e industrial.
Queda prohibido el uso de la marihuana para fines cosméticos y productos comestibles y bebidas con contenido mayor a 1 por ciento de THC, que es su sustancia psicoactiva.
Las actividades que serán reguladas son:
Almacenar, aprovechar, comercializar, consumir, cosechar, cultivar, distribuir, empaquetar, etiquetar, exportar, fumar, importar, investigar, patrocinar, plantar, portar, poseer, preparar, producir, promover, publicitar, sembrar, transformar, transportar, suministrar, vender y adquirir la marihuana.
En el proyecto se consideran penas de hasta 10 años de prisión por tráfico ilegal.
Para el consumo personal se permitirán hasta 4 plantas en el hogar.
El texto indica que queda permitida la venta del cannabis y sus derivados dentro del territorio nacional, lo cual se delimitará a los establecimientos autorizados por la autoridad competente.
Quienes comercialicen deben obtener una licencia expedida por el Instituto y cumplir los requisitos que marque la ley.
El proyecto resalta que el modelo prohibicionista para enfrentar el consumo de drogas, y en particular el de la marihuana, ha fracasado.
«Existe un mercado que, con motivo de la prohibición del uso del cannabis, es considerado ilícito y, por ende, los diversos grupos involucrados en la cadena de producción viven en la opacidad, en la informalidad, sin contribuir al país con una justa aportación tributaria, sin que sus productos hoy considerados ilícitos, sean sometidos a controles de calidad, que en el sector agrícola no fomenta el desarrollo sostenible y que además emplea a personas en el sector primario sin garantizar, entre otros, sus derechos laborales», se señala en el borrador del dictamen.
Cuestiona además la criminalización del consumo lúdico de la marihuana.
Plantea reformar el artículo 479 de la Ley General de Salud para elevar de 5 a 28 gramos la cantidad máxima de marihuana autorizada para «estricto e inmediato consumo personal, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones».
Propone además reformar el Código Penal Federal para reducir los castigos relacionados con la marihuana.
«Atendiendo a la realidad que vive nuestro país, donde es común que diversas personas consumidoras sean detenidas de manera arbitraria y sean sujetas de actos arbitrarios de parte de autoridades policiacas, principalmente adolescentes y jóvenes, es necesario hacer énfasis en este apartado que estas dictaminadoras optamos por la descriminalización», señala el proyecto.
Indica que la posesión de cannabis solo será sancionada penalmente cuando sea superior a 200 gramos.
«Resulta inminente la necesidad de legislar para regular el uso del cannabis para diversos fines, partiendo del punto de vista de que la regulación no es sinónimo de una liberación absoluta del uso de la planta y sus derivados o del mercado que los provean, sino de la legalización de determinados actos que implican su uso exclusivamente para determinados fines, con parámetros de control e intervención del Estado, con reglas y estándares sobre la cadena de producción», fundamenta el proyecto.
«La regulación de los usos del cannabis requiere de la construcción de experiencias cautelosas, puesto que la regulación y con ella la autorización para el uso lúdico o recreativo del cannabis psicotrópico puede originar diversas consecuencias, que obligan al Estado a atenderlas para mantener su control en beneficio de la población», agrega.