México, 29 de agosto de 2022.- La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), afirmó que se vive un momento crucial para llegar a la verdad y a la justicia en el caso Ayotzinapa, pues la «verdad histórica resulta hoy aún más insostenible».
Lo anterior luego de analizar el reciente informe de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).
Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, declaró que la información hecha pública por la Covaj es un paso importante para apuntalar el actuar diligente, coordinado y responsable de todas las autoridades del Estado mexicano hacia el objetivo compartido de llegar a la verdad de lo sucedido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
«Se debe seguir avanzando hacia el derecho a la verdad, que comprende conocer las circunstancias que permitieron el ataque contra los estudiantes, la secuencia de los hechos, el rol del Estado y los grupos delincuenciales en la confabulación criminal y el destino final de los estudiantes con base en pruebas fehacientes”, mencionó.
La agencia de la ONU reconoció el informe de la Comisión y dijo que, en línea con los estándares internacionales, es fundamental que en este proceso las autoridades mantengan un diálogo permanente con las familias y las personas defensoras de derechos humanos que las acompañan y se garantice el acceso a toda la información generada y la que se pueda obtener en el futuro.
Tras haber revisado el informe presentado y conocido las nuevas judicializaciones del caso, la ONU-DH resaltó que la nueva información sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque a los estudiantes, la participación de agentes estatales y no estatales, las omisiones y falta de reacción de las autoridades y las irregularidades de la investigación inicial, corrobora y amplifica lo que previamente habían comenzado a delinear padres y madres, organizaciones acompañantes y expertos internacionales.
También destacó como fundamental que la Fiscalía General de la República asegure, en el desarrollo de las nuevas judicializaciones, una actuación institucional sólida y diligente, el acceso a la justicia de las víctimas, observe el debido proceso y la independencia judicial e incorpore los más altos estándares internacionales de derechos humanos, para determinar judicialmente la responsabilidad penal de todos los actores, incluyendo a los superiores, tanto civiles como militares, involucrados por acción u omisión.
Del mismo modo, detalló que se deben adoptar medidas inmediatas de no repetición acordes con la gravedad del caso, entre las que se encuentran, como mínimo, una depuración inmediata de los funcionarios que hayan participado activa o pasivamente en los hechos de septiembre del 2014 y de aquel que haya contaminado u obstruido la realización de una investigación efectiva; el fortalecimiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas en México y la transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes. (Con información de Milenio)