México, 23 de octubre.- El autotransporte de carga anunció un paro nacional indefinido a partir del próximo lunes, en protesta por la inseguridad en las carreteras, las malas condiciones de las vías de comunicación, la corrupción y los cambios al estímulo fiscal que permite a las empresas del sector acreditar parte de sus gastos en autopistas de cuota.
Encabezados por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), los transportistas advirtieron que la suspensión de operaciones y las movilizaciones podrían afectar el suministro de productos básicos, combustibles, materias primas y mercancías destinadas a las industrias y los comercios.
Por ello, exigieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender sus demandas.
Augusto Ramos, presidente de la CANACAR, sostuvo que el sector ya no puede continuar operando bajo las actuales condiciones de inseguridad y deterioro de la infraestructura carretera. Explicó que la protesta se realizará mediante manifestaciones en circulación, sin bloqueos deliberados de las vías.
“Parar operaciones a partir del día lunes para salir a manifestarnos, y salir a manifestarnos en todas las carreteras andaremos trabajando en una manifestación en circulación, no estaremos haciendo un bloqueo”, afirmó.
El dirigente reconoció que las movilizaciones tendrán repercusiones en el traslado de mercancías y pasajeros, así como en los cruces comerciales entre México y Estados Unidos.
De acuerdo con las cifras presentadas por los representantes del sector, diariamente se movilizan por carretera alrededor de 1.6 millones de toneladas de productos, mientras que unos 11 millones de pasajeros utilizan servicios de transporte terrestre.
También señalaron que en la frontera entre ambos países se realizan aproximadamente 21 mil cruces diarios de mercancías, con un valor comercial estimado en mil 800 millones de dólares. Por ello, advirtieron que una interrupción prolongada de las operaciones podría repercutir en las cadenas de suministro, la actividad industrial y el comercio.
Uno de los principales riesgos, según los transportistas, será el impacto en los precios de los productos que llegan diariamente a los hogares mexicanos.
Advirtieron que la incertidumbre sobre el abastecimiento podría provocar compras de pánico de frutas, verduras, alimentos y otros artículos de primera necesidad, además de materiales indispensables para la actividad industrial.
Los representantes del sector sostuvieron que una semana de paro podría elevar en alrededor de 160 pesos por persona el costo de la canasta básica, de acuerdo con sus estimaciones. Asimismo, alertaron sobre la vulnerabilidad del suministro de hidrocarburos, al asegurar que las reservas nacionales alcanzarían para aproximadamente un día y medio.
Ramos subrayó que las afectaciones no se limitarían a las empresas transportistas, sino que terminarían trasladándose a consumidores, comerciantes y productores.
“La economía se mueve por ruedas”, expresó, al insistir en la necesidad de que las autoridades intervengan para evitar mayores consecuencias económicas.
Otro de los motivos de la protesta es la reducción del límite de ingresos para acceder al estímulo fiscal que permite a las empresas de autotransporte acreditar hasta 50 por ciento de los gastos efectuados en autopistas de cuota.
Los transportistas consideran que esta modificación representa una presión adicional para un sector que enfrenta costos operativos elevados, además de los gastos derivados de la inseguridad, el mantenimiento de las unidades y las condiciones de las carreteras.
Por ello, demandaron que el gobierno revise las medidas fiscales y atienda sus planteamientos, al considerar que las condiciones actuales dificultan mantener la operación y la rentabilidad de sus negocios.
Lauro Rincón Hernández, representante de la Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC), denunció que los operadores enfrentan situaciones de alto riesgo durante sus recorridos, incluidos episodios en los que grupos criminales bloquean carreteras e incendian unidades, sin que, según afirmó, exista una respuesta suficiente de las autoridades para protegerlos o garantizar la reparación de los daños.
“A nosotros nos está tocando poner los camiones y los muertos y no tenemos quién esté salvando el transporte de lo que estamos viviendo; eso es lo que se vive ahí en las carreteras”, manifestó.
A su vez, Ignacio Granados Villanueva, de la Organización Integradora de Derechos Convencionales (INDECO), presentó cifras sobre la incidencia delictiva contra el autotransporte y las muertes de operadores.
Informó que, hasta septiembre de 2026, tenían registrados mil 125 robos al autotransporte en carreteras y 15 operadores asesinados durante el año.
Como referencia, indicó que en 2025 se contabilizaron mil 299 robos, mientras que el registro de operadores muertos alcanzó 32 casos, de acuerdo con los datos expuestos durante la conferencia.
Granados Villanueva advirtió que, de mantenerse la tendencia, el número de robos podría superar el balance del año anterior.
También señaló que entre las actividades más perjudicadas por una interrupción prolongada estarían la manufactura y las empresas comercializadoras, debido a su dependencia del traslado terrestre de insumos y productos terminados.