México, 30 de abril.- El senador de Morena, Javier Corral, planteó la necesidad de evaluar y corregir la reforma judicial tras su implementación, al reconocer fallas críticas en el nuevo modelo de elección de juzgadores.
Advirtió que, a partir de denuncias se observan posibles efectos adversos como captura política, justicia selectiva e impunidad.
El presidente de la Comisión de Justicia subrayó que, si bien la reforma representa un cambio estructural en el sistema de justicia, su consolidación dependerá de ajustes oportunos que garanticen la selección de perfiles idóneos, con independencia y experiencia técnica.
Como parte de esta revisión, Corral incluso planteó la posibilidad de posponer la segunda elección judicial hasta 2028, con el objetivo de corregir las deficiencias detectadas en el primer ejercicio.
De acuerdo con el senador y con análisis de especialistas, el nuevo esquema ha presentado problemas de fondo:
- Captura partidista: Se advierte que diversas candidaturas habrían sido influenciadas por intereses políticos, gobernadores e incluso recursos económicos, en detrimento de criterios meritocráticos.
- Uso de “acordeones”: La complejidad del proceso electoral propició que votantes recurrieran a listas inducidas, favoreciendo a perfiles vinculados a partidos.
- Falta de experiencia: Se detectó que varios jueces, magistrados y ministros electos carecen de una trayectoria jurisdiccional sólida.
- Riesgos a la independencia judicial: Organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos han advertido que la elección directa podría comprometer la imparcialidad del Poder Judicial y generar incertidumbre, incluso en materia de inversión.
“El señalamiento ha sido constante. Sin mecanismos de evaluación sólidos, serios y fiables, el nuevo modelo judicial pierde capacidad y se aparta de sus propósitos el de transformar en beneficio del pueblo de México el sistema de justicia. Distintos análisis, tanto en medios internacionales como en organismos económicos, han advertido que la forma en que se integren los tribunales incide directamente en la certeza jurídica y esa certeza es determinante para la inversión, para la resolución de controversias comerciales y para la estabilidad de las relaciones económicas”, afirmó Corral.
Uno de los casos señalados es el del Poder Judicial de Chihuahua, donde —según las denuncias— el nuevo modelo aún no logra consolidarse, mientras persisten prácticas de impunidad y presunta manipulación judicial.
Al Senado acudió un grupo de denunciantes, quienes solicitaron el anonimato, para pedir la revisión del funcionamiento del sistema judicial en esa entidad, al exponer casos que consideran emblemáticos.
Entre ellos destaca el del diputado Guillermo Ramírez, cuyo hermano, Fernando Ramírez Gutiérrez, acusado de tentativa de homicidio contra el ganadero Eloy Soto Payán, fue liberado luego de que la magistrada María Elizabeth Macías Márquez revocara el auto de vinculación a proceso. La decisión generó inconformidad entre los denunciantes.
Los quejosos también señalaron la existencia de una presunta red de irregularidades dentro del sistema judicial estatal.
En ella, acusaron al fiscal de la zona centro, Heliodoro Araiza, de operar expedientes desde un despacho alterno.
Asimismo, afirmaron que el funcionario actuaría en coordinación con María Angélica Giner, titular de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, quien —según las acusaciones— utilizaría mecanismos de presión contra imputados.
En este entramado también señalaron al magistrado Gerardo Acosta, a quien atribuyen decisiones sesgadas, así como a la fiscal Karen Ivette Estrada, por presuntamente tergiversar audiencias.
Finalmente, acusaron que Leo Luna, jefe de la Unidad del Sistema Penal Acusatorio, intervendría en la asignación de casos junto con el propio Acosta, lo que —advirtieron— permitiría una “justicia selectiva”.
Los inconformes exigieron una revisión profunda del sistema judicial estatal, al advertir que estas irregularidades afectan a ciudadanos inocentes.