México, 8 de septiembre.- El Gobierno de México asegura que la estrategia nacional de seguridad comienza a reflejarse en una reducción sostenida de la violencia, pero planteó que el siguiente desafío no es solamente detener a integrantes de grupos delictivos, sino desarticular las estructuras que permiten su operación: redes financieras, logísticas, productivas y, también, posibles vínculos con funcionarios públicos.
Durante la presentación de los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 53 por ciento entre septiembre de 2024 y agosto de 2026.
Esto representa, de acuerdo con el funcionario, 46 homicidios menos cada día en comparación con el inicio del periodo.
Sin embargo, reconoció que la reducción no significa que la tarea esté concluida y que persisten regiones que requieren atención permanente.
El discurso oficial coloca la coordinación entre instituciones como una de las claves de esta ofensiva. Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales comparten información y capacidades para convertir investigaciones en operativos y procesos judiciales.
Desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2026, las autoridades reportaron más de 67 mil 200 detenidos por delitos de alto impacto.
García Harfuch destacó que entre los objetivos se encuentran líderes, operadores regionales y financieros de distintas organizaciones criminales. La premisa, explicó, es afectar a los grupos más allá de la captura de sus dirigentes.
Uno de los frentes más relevantes es el combate a las redes de protección institucional.
La Operación Enjambre, iniciada en el Estado de México y posteriormente extendida a otras entidades, ha permitido detener a 111 funcionarios públicos presuntamente vinculados con actividades delictivas, entre ellos presidentes municipales.
El gobierno sostiene que la instrucción es mantener una política de “cero tolerancia” a la corrupción y la impunidad, independientemente del cargo o afiliación política.
Las operaciones recientes muestran cómo esta estrategia busca atacar simultáneamente diferentes eslabones.
En La Esperanza, Puebla, fueron ejecutadas 23 órdenes de cateo y detenidas 10 personas relacionadas con una estructura dedicada al robo de transporte de carga, vehículos, extorsión y secuestro.
Entre los detenidos están el presidente municipal, una exdirectora de Seguridad Pública y el hermano del alcalde. Las autoridades aseguraron armas, vehículos blindados, drones e inhibidores de señal.
El combate al narcotráfico constituye otro componente central.
En casi dos años fueron inhabilitados 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para producir metanfetamina en 24 estados.
En Culiacán, Sinaloa, la Marina localizó un complejo de 5 mil 700 metros cuadrados, considerado el segundo laboratorio de metanfetamina más grande encontrado durante la actual administración, donde fueron aseguradas más de 16 toneladas de droga y 10 toneladas de sustancias químicas.
La dimensión del tráfico de armas también forma parte de la ofensiva. En el periodo reportado fueron aseguradas 34 mil 353 armas de fuego; 80 por ciento, según García Harfuch, provenía de Estados Unidos.
El aseguramiento más grande de este tipo durante la administración ocurrió en Hidalgo, Nuevo León, donde fueron decomisadas 195 armas largas y 15 cortas, además de cargadores y vehículos.
La extorsión aparece como otro de los objetivos prioritarios. Desde la puesta en marcha de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el 6 de julio de 2025, hasta el 31 de agosto de 2026, las autoridades reportaron 2 mil detenidos por este delito en 29 estados.
El nuevo marco legal, explicó el funcionario, permite que la extorsión sea investigada y perseguida de oficio, de modo que la responsabilidad de iniciar las indagatorias no recaiga exclusivamente en las víctimas.
El balance oficial, sin embargo, está acompañado de una advertencia: los resultados no deben interpretarse como una misión cumplida.
La propia Secretaría reconoce que la disminución de los homicidios debe traducirse en una percepción efectiva de seguridad y en un mayor control de los territorios.
