México, 4 de junio.- La reforma promulgada para aplazar hasta 2028 la elección judicial y extender el periodo de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evidencia fallas de origen en el diseño de la transformación judicial y representa una decisión contraria a los principios democráticos, afirmó Diego Valadés, ex procurador general de la República e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Entrevistado previo al acto conmemorativo por el aniversario luctuoso de Manuel Camacho Solís, el jurista consideró comprensible la decisión de posponer la elección judicial prevista para 2027, debido a las dificultades operativas que implicaba hacerla coincidir con los comicios políticos ordinarios.
“Las dificultades técnicas para juntar la elección política con la elección judicial resultaban insuperables”, señaló.
Sin embargo, sostuvo que el cambio de fecha confirma que la reforma judicial fue concebida de manera errónea desde un principio, ya que el problema volverá a presentarse en los próximos procesos electorales.
“El problema se presentará después, porque sólo se aplazó la elección correspondiente a 2027, pero subsiste la de 2030, que seguramente tendrá que aplazarse también a 2031. Esto no hace sino confirmar que el diseño fue un diseño muy equivocado”, afirmó.
Valadés fue particularmente crítico respecto a la ampliación del periodo de los magistrados electorales incluida en la misma reforma, al considerar que contradice lo establecido por la Constitución mexicana.
“Es realmente incomprensible dentro del sistema constitucional mexicano que se haga este tipo de prórrogas cuando la Constitución era muy clara en cuanto a los límites establecidos”, expresó.
El investigador de la UNAM aseguró que incluso dentro de la fuerza política mayoritaria existen diferencias sobre esta decisión y estimó que eventualmente tendrá que ser corregida.
“Creo que en algún momento se tendrá que corregir lo que a todas luces es una decisión antidemocrática”, sostuvo.
Cuestionado sobre si la ampliación del mandato de los magistrados podría interpretarse como un pago de favores tras las resoluciones del Tribunal Electoral que permitieron a Morena y sus aliados alcanzar una amplia mayoría legislativa, Valadés evitó emitir un juicio sobre las motivaciones políticas detrás de la medida.
“Eso ya sería un pronunciamiento muy subjetivo”, respondió.
No obstante, insistió en que, más allá de las interpretaciones políticas, la decisión es incompatible con los principios de un Estado democrático y de derecho.
“Lo objetivo es que se trata de una decisión que no corresponde a un Estado democrático y Estado de derecho”, enfatizó.
Asimismo, advirtió que la permanencia extraordinaria de los magistrados podría generar cuestionamientos sobre su imparcialidad en futuros procesos electorales.
“Sí, así es, se abre la puerta a conflictos de intereses”, concluyó.
