La presidenta Claudia Sheinbaum, negó categóricamente que las recientes modificaciones legales relacionadas con telecomunicaciones e inteligencia impliquen prácticas de espionaje o vulneren derechos fundamentales de la ciudadanía.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reiteró que las leyes vigentes no permiten la geolocalización de personas sin una orden judicial, y enfatizó que la colaboración de concesionarios de telecomunicaciones con autoridades se da únicamente bajo los términos establecidos por la Constitución y las leyes secundarias.
“Vamos a insistir antes de irnos esta semana: no hay espionaje. No hay geolocalización de las personas, a menos que un juez lo determine. Muy importante”, recalcó.
En su mensaje insistió en que es falso que la Ley Federal de Telecomunicaciones o la Ley de Seguridad Nacional autoricen prácticas ilegales de vigilancia.
Explicó que el artículo 183 de la Ley Federal de Telecomunicaciones obliga a los concesionarios a colaborar con autoridades de seguridad y procuración de justicia “en los términos que establecen las leyes”, siendo estas encabezadas por la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En ese sentido, detalló el contenido del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que cuando el Ministerio Público considere necesaria la localización geográfica en tiempo real de un equipo de comunicación móvil relacionado con una investigación, deberá solicitar autorización judicial.
La solicitud, subrayó, debe detallar los equipos relacionados, los motivos que sustentan la medida, su duración y la empresa proveedora de servicios involucrada.
Además, la autoridad judicial está obligada a resolver de manera inmediata por cualquier medio que garantice la autenticidad, incluso en audiencia privada con la sola comparecencia del Ministerio Público.
“Eso no cambió, estaba así antes y sigue exactamente igual”, aseguró, reafirmando que toda intervención de este tipo está condicionada a la aprobación del Poder Judicial, descartando así cualquier intención de espionaje institucional.
