Tulum, Quintana Roo, 17 de julio.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, responda a una persecución política y afirmó que el caso deriva de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) iniciada hace aproximadamente un año, a partir del aseguramiento de ferrotanques utilizados presuntamente para introducir diésel de contrabando al país mediante un esquema de evasión fiscal.
Durante su conferencia matutina, la mandataria respondió a las críticas del expresidente Felipe Calderón, quien primero, recordó, publicó en 2017 señalamientos contra Ruffo por presuntos vínculos con una organización delictiva y ahora emitió un pronunciamiento en el que acusa al gobierno federal de aplicar una “justicia selectiva”.
“Eso lo negamos absolutamente”, sostuvo Sheinbaum, al asegurar que la actuación de las autoridades se basa exclusivamente en las pruebas reunidas durante la investigación ministerial.
La presidenta explicó que el origen del caso se remonta al hallazgo de decenas de ferrotanques en Coahuila, los cuales, de acuerdo con las investigaciones, transportaban diésel desde Estados Unidos, aunque en la documentación aduanera se declaraba que contenían otro tipo de mercancía para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), mecanismo conocido como “huachicol fiscal”.
Precisó que la investigación se fortaleció también con las indagatorias iniciadas tras el aseguramiento, a principios de 2025, de un buque tanque que arribó al puerto de Tampico, caso que incluso derivó en denuncias contra dos integrantes de la Secretaría de Marina presuntamente involucrados en la red de introducción ilegal de combustibles.
Sheinbaum señaló que las pesquisas permitieron establecer que la empresa importadora del combustible tenía como socio mayoritario al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, lo que dio pie a ampliar las investigaciones sobre toda la estructura presuntamente dedicada al contrabando y la distribución ilícita de hidrocarburos.
“La empresa que importa ese combustible, de esa empresa que importa ese combustible es socio mayoritario el exgobernador; es así de directa”, afirmó.
No obstante, subrayó que Ruffo conserva plenamente sus derechos de defensa y que corresponderá al Poder Judicial determinar su responsabilidad.
“Si el exgobernador tiene, obviamente en el marco de la ley, toda la documentación para demostrar que es inocente, pues actuará el sistema de justicia”, expresó.
La mandataria indicó que, conforme a lo informado por la FGR, la red investigada involucraba a agentes aduanales, la empresa importadora que declaraba una mercancía distinta al combustible y una estructura de distribución que operaba en diferentes entidades del país.
Recordó que hasta ahora han sido detenidas ocho personas y que existen más implicados bajo investigación, por lo que nuevas órdenes de aprehensión dependerán de las determinaciones judiciales.
Asimismo, enfatizó que la FGR mantiene abiertas otras investigaciones relacionadas con el contrabando de combustibles y que las denuncias continúan presentándose conforme las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad detectan nuevas irregularidades.
Sheinbaum insistió en que el gobierno federal no utiliza criterios partidistas para perseguir delitos y recordó que durante su administración han sido investigados y detenidos alcaldes de Morena, Partido Verde, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano por presuntos vínculos con organizaciones criminales o actos de corrupción.
“No hay ninguna visión de que a los que llegan por un partido no se les investiga y a los que llegan por otro partido sí se les investiga, de ninguna manera”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que la Fiscalía General de la República continúa integrando diversas investigaciones y que corresponde a esa institución determinar, con base en las pruebas, cuándo existen elementos suficientes para judicializar cada caso y solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, forma parte de una investigación de más de un año encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) que permitió desarticular una de las mayores redes de contrabando de combustibles detectadas en el país, la cual utilizaba el sistema ferroviario para introducir hidrocarburos desde Estados Unidos mediante declaraciones aduaneras falsas.
Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la SSPC explicó que el caso avanzó a partir del aseguramiento de 33 ferrotanques utilizados presuntamente para el traslado ilegal de combustible, lo que permitió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) profundizar en las indagatorias hasta identificar la estructura criminal.
García Harfuch señaló que las investigaciones permitieron establecer que la organización operaba mediante un esquema de fraude aduanero, en el que los cargamentos ingresaban al territorio nacional reportando únicamente una fracción de su contenido para evadir impuestos y controles oficiales.
“El análisis de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada logra identificar esta red, que es de las más grandes de contrabando de combustible”, sostuvo.
El funcionario informó que este viernes fueron cumplimentadas ocho órdenes de aprehensión, entre ellas la del exmandatario bajacaliforniano, aunque precisó que aún existen otros mandamientos judiciales pendientes de ejecutarse contra presuntos integrantes de la organización.
Explicó que el mecanismo consistía en declarar ante las autoridades aduaneras apenas el 10 por ciento de la capacidad real de los ferrotanques, mientras el resto del combustible ingresaba ilegalmente al país, permitiendo a la organización obtener millonarias ganancias mediante la evasión fiscal y la comercialización clandestina de hidrocarburos.
García Harfuch subrayó que la indagatoria aún no ha concluido y advirtió que podrían realizarse nuevas detenciones conforme avancen las diligencias ministeriales.
“Es una investigación en curso, todavía no está terminada, pero es una investigación de más de un año de la Fiscalía General de la República”, puntualizó.
