México, 18 de marzo.- La presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura sobre la próxima elección de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), al subrayar que el perfil ideal debe combinar experiencia electoral, honestidad y un compromiso claro con la austeridad en el servicio público.
Aunque destacó que el procedimiento de selección —a cargo de una comisión y con votación final por mayoría calificada en la Cámara de Diputados— es un mecanismo establecido desde años anteriores, la mandataria puso el énfasis en el fondo del relevo: evitar que los cargos se utilicen como plataforma personal o espacio de privilegios.
“Esencialmente es gente que conozca de la materia electoral, gente honesta, que no busque llegar ahí para una promoción personal, sino para promover la democracia y elecciones limpias”, señaló.
El posicionamiento ocurre en el contexto del debate por la reforma electoral impulsada por su gobierno, conocida como “Plan B”, que plantea, entre otros puntos, reducir costos y eliminar beneficios adicionales para funcionarios.
Sheinbaum fue enfática en que, de aprobarse dicha reforma, los futuros consejeros deberán ajustarse a sus lineamientos, particularmente en materia de austeridad.
Criticó esquemas anteriores como los seguros de gastos médicos mayores financiados con recursos públicos, al considerar que representan un uso indebido de los impuestos ciudadanos.
“Si alguien quiere tener un seguro, que lo pague con su salario, no con el dinero del pueblo”, sostuvo.
La presidenta también amplió su crítica al uso excesivo de recursos en distintos niveles de gobierno, al señalar prácticas como la creación de cargos innecesarios por cuotas políticas, lo que, dijo, contraviene el principio de un gasto público responsable.
En este contexto, defendió que la reforma electoral no vulnera el federalismo, sino que busca establecer criterios generales de disciplina presupuestal y eliminar privilegios en todas las instituciones del Estado.
Así, más allá del proceso formal de selección, el relevo en el INE se perfila como un punto clave en la disputa por el modelo de autoridad electoral: uno más austero y alineado con la política de gobierno, frente a las críticas que advierten riesgos para la autonomía del organismo.
