México, 19 de agosto.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México no cuenta con información oficial que sustente una investigación de autoridades mexicanas o estadounidenses contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por presuntos vínculos con el crimen organizado, luego de la publicación de una investigación del Semanario Zeta.
Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre si, ante los señalamientos publicados por el medio y la presunta existencia de una investigación por diversos delitos, sería momento de que la gobernadora solicitara licencia al cargo.
Sheinbaum rechazó que, hasta ahora, exista información oficial que permita sostener esa conclusión y subrayó que los señalamientos difundidos por un medio de comunicación no pueden sustituir una investigación formal de las autoridades.
“Es un medio de comunicación que dice; nosotros no tenemos otra información oficial, no hay ninguna información”, respondió.
La presidenta también hizo referencia a una serie de audios que han circulado públicamente y que, de acuerdo con versiones difundidas, estarían relacionados con presiones hacia la gobernadora. Recordó que recientemente se difundió un nuevo audio en el que aparentemente se le habría planteado un ultimátum para determinar si cooperaría con determinadas personas.
Sin embargo, Sheinbaum destacó que tampoco existe, hasta donde tiene conocimiento, una comunicación oficial del gobierno de Estados Unidos hacia las autoridades mexicanas que confirme la existencia de una investigación contra Ávila.
“No hay nada de las autoridades de Estados Unidos a las autoridades mexicanas que diga que hay una investigación”, afirmó.
Ante la insistencia sobre si el Gobierno de México tiene información propia respecto del caso, la presidenta señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si existe alguna indagatoria y, en su caso, informar públicamente sobre ella.
“Pues tiene que informarlo la Fiscalía, pero hasta donde tengo entendido no”, indicó.
Sheinbaum sostuvo que cualquier señalamiento de esta naturaleza debe sustentarse en elementos oficiales y pruebas que puedan ser valoradas dentro del marco jurídico mexicano.
Por ello, consideró insuficiente basar una decisión política como una eventual licencia de la gobernadora únicamente en una publicación periodística o en materiales cuya autenticidad y alcance no hayan sido acreditados por las autoridades competentes.
“Es muy difícil a través de la publicación de un medio, tendría que venir algo oficial”, señaló.
La presidenta reiteró así la posición del gobierno federal frente a acusaciones que involucren a funcionarios públicos con organizaciones criminales: antes de establecer responsabilidades o exigir la separación de un cargo, deben existir investigaciones formales y pruebas que cumplan con las reglas del sistema de justicia.
“En todos los casos, como siempre lo hemos dicho, pruebas que sean acordes con el Sistema Penal Acusatorio Mexicano”, enfatizó.
