México, 4 de agosto.- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este martes un decreto para fortalecer la transparencia del Gobierno de México, con el que se ampliará la información pública disponible, se establecerán criterios más estrictos para reservar documentos oficiales y se eliminará la discrecionalidad de los servidores públicos para decidir qué información puede mantenerse oculta.
Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que el objetivo es garantizar plenamente el derecho constitucional de acceso a la información, bajo el principio de máxima publicidad establecido en el artículo sexto de la Constitución, y adelantó que las medidas serán incorporadas posteriormente a la Ley General de Transparencia mediante una iniciativa que enviará al Congreso.
Sheinbaum explicó que el decreto busca hacer “todavía más transparente” al gobierno federal y aseguró que la información generada por todas las dependencias deberá estar disponible para la ciudadanía, salvo aquella que, conforme a la Constitución, deba reservarse temporalmente por razones de seguridad nacional o porque forme parte de un procedimiento judicial o administrativo en curso.
Para sustentar la medida, la presidenta leyó diversos apartados del artículo sexto constitucional, donde se establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información por cualquier medio de expresión.
Asimismo, recordó que toda la información en posesión de autoridades, poderes, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos o cualquier persona que ejerza recursos públicos es de carácter público y únicamente puede reservarse de manera excepcional.
La secretaria Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó que el decreto permitirá ir más allá de las obligaciones legales actuales y obligará a las instituciones federales a publicar información adicional de interés público.
Entre las principales medidas destaca que todos los contratos del gobierno federal dejarán de publicarse cada tres meses y pasarán a difundirse mensualmente, con el propósito de ofrecer información más actualizada sobre las contrataciones públicas.
Asimismo, la Plataforma Nacional de Transparencia incorporará en un plazo máximo de 30 días hábilesnuevos contenidos, herramientas de descarga y bases de datos más completas para facilitar el análisis de la información por parte de ciudadanos, investigadores y medios de comunicación.
Otra de las novedades será la publicación de información más amplia sobre las filiales de Pemex y CFE, incluyendo estados financieros, informes presentados ante agencias extranjeras, políticas de operación, esquemas de gobierno corporativo y contratos.
En materia de fiscalización, el gobierno difundirá información adicional sobre el Programa Anual de Fiscalización, estadísticas de auditorías, seguimiento de observaciones y el padrón de despachos externos encargados de revisar dependencias y entidades públicas.
Buenrostro también anunció una simplificación de las causales de reserva de información. Aunque actualmente existen 17 fracciones para clasificar documentos, el nuevo esquema se concentrará únicamente en los supuestos previstos por la Constitución: interés público y seguridad nacional.
Además, se privilegiará la elaboración de versiones públicas, de modo que sólo se oculte la información estrictamente confidencial y el resto pueda hacerse del conocimiento de la sociedad.
La funcionaria hizo un llamado a los gobiernos estatales, municipales, poderes públicos y organismos para sumarse voluntariamente al principio de máxima publicidad.
Por su parte, Sheinbaum defendió la desaparición del extinto Instituto Nacional de Transparencia (INAI), al sostener que representaba un gasto superior a mil millones de pesos anuales y que la plataforma de transparencia presentaba constantes fallas durante su operación.
La presidenta aseguró que ahora el acceso a la información se fortalece desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y subrayó que, con el nuevo decreto, ya no será decisión de un funcionario determinar qué información se publica y cuál permanece reservada, sino que existirán lineamientos específicos para evitar criterios discrecionales.
Finalmente, anunció que el decreto entrará en vigor de inmediato y que, durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, el Ejecutivo enviará las reformas legales correspondientes para convertir estas disposiciones en obligaciones permanentes y garantizar, dijo, “la transparencia total del Gobierno de México”.
