México, 14 de octubre.- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles un decreto que obliga a las plataformas digitales a reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos relacionados con violencia, acoso, abuso sexual, autolesiones y otras conductas que puedan poner en riesgo su integridad.
Las empresas tendrán un plazo máximo de 30 días naturales para documentar e informar las medidas implementadas; de incumplir, el gobierno federal advirtió que podría avanzar hacia una legislación que contemple sanciones.
El decreto establece nuevas obligaciones para las plataformas digitales, entre ellas identificar y retirar de manera inmediata cuentas y contenidos que promuevan conductas violentas, verificar la edad de las personas usuarias, clasificar publicaciones por grupos de edad y activar, de manera predeterminada, herramientas de privacidad y seguridad para los menores.
Durante la presentación del instrumento, en Palacio Nacional, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que las disposiciones buscan garantizar entornos digitales seguros y prevenir que niñas, niños y adolescentes estén expuestos a materiales que afecten su salud, privacidad, dignidad o integridad física y emocional.
El decreto prohíbe que las plataformas permitan a los menores acceder, exponerse o recibir recomendaciones de contenidos que promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito.
Alcalde señaló que las disposiciones se sustentan en el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece la obligación del Estado de garantizar el acceso y uso seguro de internet, así como impulsar acciones de prevención, protección y atención frente a distintas formas de violencia cometidas mediante tecnologías de la información y la comunicación.
Uno de los principales cambios consiste en que la seguridad deberá incorporarse desde el diseño de los servicios digitales.
Esto implica que las cuentas de menores deberán contar inicialmente con configuraciones de privacidad y protección activadas, sin que las familias tengan que buscar y habilitar manualmente cada restricción.
Las plataformas también deberán ofrecer herramientas de supervisión para madres, padres y tutores, además de mecanismos accesibles para reportar publicaciones dañinas.
Asimismo, tendrán que hacer públicos los criterios que utilizan para identificar y retirar este tipo de contenidos.
El decreto contempla obligaciones de colaboración con las autoridades. Las empresas deberán disponer de un punto de contacto para atender requerimientos de las instituciones investigadoras, preservar y entregar información o evidencia relevante para indagatorias y alertar a las autoridades cuando detecten contenidos que representen una amenaza para la vida.
Entre las compañías que participaron en las reuniones previas con el gobierno federal se encuentran Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei.
De acuerdo con Alcalde, las empresas manifestaron disposición para avanzar en las medidas y solicitaron un mes para realizar las adecuaciones necesarias en sus servicios.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones dará seguimiento a la implementación y verificará los avances reportados dentro del plazo establecido.
El cumplimiento será el punto de partida para determinar si las medidas resultan suficientes o si es necesario impulsar una regulación adicional.
“Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, advirtió Sheinbaum al explicar que el decreto establece obligaciones, pero no incorpora por ahora un esquema punitivo.
La estrategia se complementará con acciones de las secretarías de Educación Pública y de Salud, entre ellas la Línea de la Vida, que brinda orientación y apoyo psicológico, así como actividades de información sobre salud mental y uso consciente de las redes sociales en las comunidades educativas.
El decreto abre así una etapa de vigilancia sobre las medidas de seguridad que aplican las empresas tecnológicas a los usuarios menores de edad.
