México, 30 de agosto.- La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que la Cámara Alta recibió del Ejecutivo Federal una iniciativa de reforma constitucional para establecer la nacionalidad única como requisito para ejercer la titularidad de los Poderes Ejecutivos federal y locales, de manera que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no puedan mantener una doble nacionalidad.
La iniciativa, explicó Castillo, será remitida a la Cámara de Diputados para su dictamen y plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El planteamiento parte de una preocupación de fondo: garantizar que quienes encabecen los gobiernos federal y estatales actúen bajo un principio de interés y soberanía nacional, sin que la posesión de una segunda nacionalidad genere posibles conflictos de interés con otro Estado.
El documento del Ejecutivo señala que actualmente existe un vacío legal que ha generado confusiones interpretativas respecto de las personas que, además de ser mexicanas por nacimiento, cuentan con otra nacionalidad.
La propuesta busca cerrar ese espacio mediante reglas específicas para quienes pretendan ocupar los principales cargos ejecutivos del país.
La modificación más relevante se plantea en el artículo 82, relativo a los requisitos para ocupar la Presidencia de la República.
De acuerdo con la iniciativa, para ser Presidente o Presidenta se deberá ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno goce de los derechos, ser hijo o hija de padre o madre mexicanos y no tener ni adquirir otra nacionalidad.
Pero la propuesta va más allá de establecer la renuncia previa como condición para competir por el cargo.
En caso de que una persona ya tenga una segunda nacionalidad, deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato.
Con ello, la condición dejaría de ser una cuestión únicamente vinculada con la elegibilidad durante el proceso electoral y se convertiría en una restricción permanente durante el ejercicio del cargo.
La iniciativa establece expresamente que quien ejerza la Presidencia no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni tampoco invocar ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.
La prohibición incluye el uso de un pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera y la posibilidad de acogerse a la protección diplomática de otro país.
El incumplimiento de estas disposiciones, de acuerdo con la propuesta, sería sancionado conforme a las reglas establecidas en el Título Cuarto de la Constitución.
El mismo principio se trasladaría a los gobiernos estatales y a la Ciudad de México.
La iniciativa contempla replicar esta restricción en los artículos 116 y 122 constitucionales, correspondientes a las gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno, respectivamente.
Uno de los puntos de mayor impacto político de la reforma es que la renuncia a una segunda nacionalidad tendría que concretarse antes de que la persona solicite su registro como candidata.
De esta manera, el requisito no quedaría sujeto a una eventual decisión posterior a la elección ni bastaría con acreditar que la persona tiene la nacionalidad mexicana.
La iniciativa pretende que, desde el momento en que solicite contender por alguno de estos cargos, haya quedado formalmente desvinculada de cualquier otra nacionalidad.
El Ejecutivo argumenta que esta medida busca que el ejercicio de las funciones de gobierno responda exclusivamente al interés nacional y evitar situaciones en las que un mandatario pueda mantener vínculos jurídicos derivados de otra ciudadanía.
La propuesta también contempla modificar la legislación secundaria.
El documento plantea una reforma a la Ley de Nacionalidad para establecer reglas específicas sobre el procedimiento para renunciar a una doble nacionalidad ante las autoridades mexicanas y ante las del país del cual la persona también sea nacional.
La iniciativa fue recibida este domingo por el Senado como sede de la Comisión Permanente, y será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.