México, 15 de julio.- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió este miércoles al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General de Sanción al Feminicidio, con la que busca unificar en todo el país la investigación, persecución y sanción de este delito, evitando que las muertes violentas de mujeres sean clasificadas como suicidios u homicidios y garantizando que todas las fiscalías actúen bajo los mismos criterios.
El eje central de la propuesta es poner fin a las diferencias existentes entre las 32 entidades federativas, donde actualmente el feminicidio se investiga y sanciona con criterios distintos, lo que, de acuerdo con el Gobierno federal, ha favorecido la impunidad y el subregistro de casos.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó el feminicidio como “la peor forma de violencia contra las mujeres” y sostuvo que, aunque este delito ha mostrado una tendencia a la baja, todavía persisten casos que permanecen sin castigo.
“La peor forma de discriminación hacia una mujer es quitarle la vida por el solo hecho de ser mujer. Lo que tenemos que garantizar es cero impunidad”, afirmó.
La mandataria señaló que uno de los principales problemas es que algunas fiscalías continúan clasificando las muertes violentas de mujeres como suicidios o tardan en reconocer los antecedentes de violencia denunciados por las familias, especialmente cuando el presunto responsable es la pareja, expareja o un familiar cercano.
Indicó que, de acuerdo con las estadísticas oficiales, cerca del 90 por ciento de los feminicidios son cometidos por la pareja, expareja o un familiar directo, por lo que la iniciativa obliga a que las investigaciones incorporen desde el inicio la perspectiva de género y otorguen valor a los testimonios de familiares sobre antecedentes de violencia.
La consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, explicó que la nueva ley establece por primera vez un tipo penal único para todo el país, definiendo diez razones de género para acreditar el feminicidio, entre ellas la existencia de violencia sexual, antecedentes de agresiones, relaciones de poder, estereotipos de género y otros elementos que deberán ser considerados obligatoriamente por las autoridades.
La propuesta fija una pena uniforme de 50 a 70 años de prisión, además de 19 agravantes que permitirán incrementar las sanciones cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, así como en casos de ataques con ácido o cuando el responsable sea un servidor público.
Asimismo, contempla sanciones complementarias como la pérdida de patria potestad, tutela, derechos sucesorios y la destitución e inhabilitación de funcionarios responsables.
La iniciativa también establece que el feminicidio será imprescriptible, elimina cualquier posibilidad de amnistía, criterios de oportunidad o reducción de penas y sanciona incluso la tentativa del delito.
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres de la FGR, Maribel Bojórquez, explicó que la ley obliga a todas las fiscalías del país a contar con unidades especializadas, ministerios públicos, policías y peritos capacitados en perspectiva de género y derechos humanos.
Además, establece que el mismo equipo ministerial deberá dar seguimiento continuo al caso desde el inicio de la investigación hasta la ejecución de la sentencia, evitando cambios que afecten la continuidad del proceso.
Por su parte, la encargada de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez, destacó que la iniciativa fortalece los derechos de las víctimas directas e indirectas mediante atención médica y psicológica inmediata, asesoría jurídica gratuita, reparación integral del daño y programas especiales para niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad por feminicidio.
La propuesta también contempla la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, así como campañas nacionales de prevención, actualización permanente de registros de feminicidios y la obligación de los medios y plataformas digitales de respetar la dignidad de las víctimas y sus familias.
Con esta iniciativa, el gobierno federal busca establecer un modelo único de prevención, investigación, sanción y reparación del daño que permita combatir la violencia feminicida bajo estándares comunes en todo el país y avanzar hacia el objetivo de cero impunidad en estos delitos.
