México, 3 de noviembre.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que cualquier posible responsabilidad penal o administrativa de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, deberá determinarse a partir de las auditorías que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo facultado para fiscalizar al instituto, por lo que señaló que, si se detectan irregularidades, los resultados deberán turnarse a las autoridades correspondientes.
Durante su conferencia, la mandataria explicó que las instituciones autónomas, como el INE, no son auditadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sino exclusivamente por la ASF, cuyo titular es designado por la Cámara de Diputados.
La declaración se produjo luego de que se le preguntara sobre los millones de pesos presuntamente relacionados con la gestión de Taddei y la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) proceda en su contra, como han planteado algunos legisladores, entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar.
Sheinbaum indicó que el auditor superior de la Federación presentó el viernes un informe ante la Cámara de Diputados, en el que dio cuenta de los avances de las revisiones al INE.
Precisó que se contempla examinar los ejercicios anteriores a 2023, mientras que para el periodo de 2023 a la fecha ya existe una auditoría iniciada que será fortalecida.
La presidenta subrayó que, una vez concluidas las investigaciones, las observaciones deberán seguir los cauces legales.
Si se encuentran elementos que puedan constituir delitos, se presentarán ante la FGR; si se trata de faltas administrativas, corresponderá intervenir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
“Quien haya cometido actos de corrupción, que sea sancionado”, sostuvo, al insistir en que las autoridades fiscalizadoras y judiciales deben actuar conforme a sus atribuciones.
La mandataria también aprovechó el cuestionamiento para ampliar el debate sobre la autonomía del INE y responder al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que expresó su postura en favor de preservar la independencia del organismo electoral.
Sheinbaum sostuvo que para entender la discusión actual es necesario revisar la historia de las reformas electorales en México y las circunstancias políticas que dieron origen a cada una.
Recordó que la reforma posterior a las elecciones de 1988 incorporó consejeros ciudadanos, mientras que la de 1996 otorgó autonomía al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), como resultado de las movilizaciones y exigencias del movimiento democrático.
También mencionó la reforma de 2007, impulsada tras las controversias de la elección presidencial de 2006, y la de 2014, aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto como parte de los acuerdos del Pacto por México.
Uno de los puntos centrales de su exposición fue la concentración de atribuciones que, a su juicio, produjo la reforma electoral de 2014.
Explicó que antes de esos cambios los congresos estatales designaban a los integrantes de sus respectivos institutos electorales, pero a partir de la nueva legislación el Consejo General del INE asumió la facultad de nombrar a los consejeros de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Consideró que esta modificación representó una concentración de poder en el organismo nacional y rechazó los señalamientos de que las reformas más recientes hayan otorgado mayores facultades a la presidencia del INE
Sostuvo que la centralización de las decisiones electorales ocurrió desde 2014, durante el gobierno priista.
La presidenta defendió que el INE debe conservar su autonomía, pero insistió en que su función principal es garantizar que se respete la voluntad popular y no responder a los intereses de grupos políticos o económicos.
En respuesta al posicionamiento empresarial, recordó que su gobierno propuso una reforma electoral que contemplaba eliminar las listas de legisladores plurinominales definidas por las dirigencias partidistas, reducir el financiamiento público a los partidos y fortalecer la participación ciudadana mediante consultas. Sin embargo, señaló que la iniciativa no consiguió el respaldo necesario.
También rechazó que Morena haya designado a Guadalupe Taddei como presidenta del INE. Aseguró que la exfuncionaria provenía del organismo electoral de Sonora y que su incorporación al Consejo General ocurrió bajo los mecanismos establecidos desde la reforma de 2014. Agregó que su elección en 2023 contó con la participación de los distintos partidos políticos.
Finalmente, Sheinbaum puso énfasis en la necesidad de investigar los contratos relacionados con empresas que, afirmó, han concentrado durante más de dos décadas el suministro de materiales electorales.
Consideró que debe esclarecerse cómo un grupo de compañías consiguió mantener esos contratos durante tanto tiempo y pidió que, si se encuentran irregularidades, se apliquen las sanciones correspondientes.
Reiteró que las elecciones de 2027 deberán desarrollarse con garantías de legalidad y autonomía, y sostuvo que las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción no deben confundirse con un intento de debilitar al organismo electoral.
