México, 9 de octubre.- El Senado negó a un grupo de ciudadanos la audiencia que solicitaron con Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva, para exigir que Enrique Inzunza Cázarez, senador sin partido, deje su escaño y enfrente las acusaciones de narcotráfico formuladas en su contra por el gobierno de Estados Unidos.
En respuesta, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara Alta sostuvo que pedir licencia es una decisión que corresponde a cada senador, sin comprometerse a recibir a los promoventes.
En un oficio fechado el 1 de octubre pasado, la instancia jurídica informó a Vania Pérez Morales, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y a Alexander Navarro, integrantes de Change.org México, que las solicitudes relacionadas con la separación del cargo de un legislador están sujetas a las disposiciones que regulan el ejercicio y la permanencia de las y los senadores.
El documento, emitido por instrucciones del presidente de la Mesa Directiva, el morenista Higínio Martínez, respondió a los escritos mediante los cuales los ciudadanos solicitaron una audiencia para entregar formalmente las firmas reunidas en la plataforma Change.org, bajo la campaña “Acusado de narcotráfico, Inzunza debe dejar el Senado”.
Sin embargo, la respuesta no estableció una fecha para el encuentro ni ofreció un mecanismo para que los ciudadanos expusieran directamente su petición ante la Mesa Directiva.
En cambio, la Dirección Jurídica explicó que corresponde a cada senador decidir sobre la solicitud de licencia, conforme al marco normativo aplicable.
El oficio, firmado por el director general de Asuntos Jurídicos, Luis Genaro Vásquez Rodríguez, citó el artículo 8 de la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General y diversos artículos del Reglamento del Senado para sustentar su respuesta sobre las atribuciones y funciones de los legisladores.
Asimismo, dejó a salvo los derechos de los promoventes para presentar las denuncias correspondientes, en los términos de los artículos 109 y 110 constitucionales y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
“¡26,183 ciudadanos exigen respuestas y el Senado responde con evasivas!”, reclamó Vania Pérez en un mensaje publicado en la red social X, en el que cuestionó que la Cámara Alta contestara sobre la facultad individual de los senadores para pedir licencia, sin atender la solicitud de audiencia.
La activista precisó que el objetivo de los promoventes no era preguntar quién puede decidir si Inzunza deja el cargo, sino reunirse con el presidente del Senado para exigir que el legislador enfrente las investigaciones y los señalamientos sin fuero político.
“¡Eso ya lo sabemos! ¡No se burlen de la ciudadanía!”, escribió Pérez, quien también señaló que, a poco más de una semana de haber entregado las firmas, los ciudadanos seguían sin ser recibidos por la Mesa Directiva.
La entrega se realizó el 29 de septiembre. De acuerdo con los organizadores, los promotores no fueron atendidos por la Mesa Directiva ni por los coordinadores parlamentarios, salvo por representantes de algunos grupos de oposición.
La petición reunió inicialmente más de 23 mil firmas y posteriormente alcanzó, según Pérez, un total de 26 mil 183 adhesiones.
La controversia se centra así en dos asuntos distintos: por un lado, la decisión de solicitar licencia, que el Senado atribuye a cada legislador conforme a las disposiciones aplicables; por otro, la demanda de los ciudadanos de ser escuchados por la representación parlamentaria.