El pleno del Senado aprobó por unanimidad la reforma a la Constitución enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de eliminar las llamadas “pensiones doradas” que reciben algunos exfuncionarios y exdirectivos de empresas estatales y organismos públicos.
La reforma modifica el artículo 127 de la Constitución para que cualquier pensión otorgada en el país no supere la mitad del salario mensual de la presidenta, es decir, aproximadamente 70 mil pesos mensuales.
La medida excluye únicamente a integrantes de las Fuerzas Armadas y algunos otros casos específicos permitidos por la ley.
Todas las bancadas del Senado respaldaron con 106 votos en pro la iniciativa, aunque durante la discusión se registraron debates políticos sobre el alcance de la reforma y una posible retroactividad.
Con la implementación de esta medida, el gobierno federal estima un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos, actualmente destinados a exfuncionarios con pensiones millonarias provenientes de organismos como la extinta Luz y Fuerza del Centro, Banobras, Pemex yNacional Financiera.
Según datos oficiales, entre 3,404 y 5,600 exfuncionarios y exdirectivos de empresas estatales y banca de desarrollo perciben pensiones superiores al salario presidencial.
Algunas jubilaciones alcanzan montos de 100 mil hasta un millón de pesos mensuales, situación que motivó esta reforma constitucional.
Los principales emisores de estas pensiones son Pemex y CFE, con 544 y 2,199 pensionados, respectivamente, que superan el salario presidencial.
Otras entidades con casos relevantes incluyen Nafin con 9 personas, Banobras con 19 personas) y Bancomext con 22 personas.
En total, se estima que cerca del 67% de unos 14 mil pensionados en ciertos organismos reciben ingresos superiores al tope presidencial.
