México, 11 de octubre.- El Senado amplió el plazo para dictaminar el proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, con el propósito de profundizar el análisis de la propuesta y recoger las aportaciones de víctimas, especialistas y organizaciones civiles antes de avanzar en su aprobación.
El presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez, informó que la decisión se tomó luego de que las comisiones dictaminadoras solicitaran más tiempo para continuar las mesas de diálogo y revisar los planteamientos que han surgido durante la discusión de una legislación destinada a fortalecer la respuesta institucional frente a este delito.
Explicó que el pasado 5 de octubre la Mesa Directiva recibió un oficio de la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher Camarena, mediante el cual solicitó una prórroga para ampliar las consultas con los sectores involucrados.
El legislador sostuvo que el objetivo es construir una ley que responda a las necesidades de quienes han enfrentado directamente la violencia feminicida y de las familias que continúan buscando justicia para sus hijas.
“Escuchar no es retrasar, es la única manera de que esta ley aguante”, afirmó Martínez Miranda, al defender la ampliación del plazo como parte de un proceso de revisión que permita fortalecer el contenido de la futura legislación.
El senador destacó que el proyecto no se limita a una sola propuesta, pues las comisiones también recibieron otras tres iniciativas, además de la presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Entre ellas se encuentran una impulsada por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Partido Acción Nacional (PAN); otra presentada por la senadora Laura Estrada Mauro, de Morena, y una más promovida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Para Martínez Miranda, la coincidencia de distintas fuerzas políticas en la necesidad de contar con una ley general contra el feminicidio representa una oportunidad para construir acuerdos y establecer disposiciones que respondan a la gravedad del problema.
“Cuando cuatro fuerzas distintas coinciden en que este país necesita una ley general contra el feminicidio, lo que falta no es voluntad: lo que falta es afinar. Y afinar, en esta materia, quiere decir escuchar a quien ha vivido esa violencia”, señaló.
El presidente de la Mesa Directiva agregó que las comisiones unidas para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera han realizado encuentros con especialistas, organizaciones civiles, personas expertas y víctimas.
Durante esas reuniones se han expuesto asuntos que, consideró, requieren un análisis adicional antes de concluir el dictamen.
El legislador subrayó que prefiere dedicar algunas semanas más a escuchar las observaciones de quienes conocen de primera mano las consecuencias del feminicidio, en lugar de aprobar una norma que no cumpla con las expectativas de las familias afectadas.
“Eso no es un retraso, eso es seriedad; un servidor prefiere unas semanas más de escucha, que una ley que no les sirva a las madres que llevan años buscando justicia para sus hijas”, expresó.
En cuanto al fundamento legal de la decisión, Martínez Miranda recordó que el artículo 212, numeral 3, del Reglamento del Senado faculta a la Mesa Directiva para conceder prórrogas a las comisiones cuando estas las soliciten mediante un escrito debidamente fundado.
La misma disposición contempla la posibilidad de otorgar un plazo mayor al ordinario de 30 días hábiles cuando la trascendencia o complejidad del asunto lo justifique.
Así, la ampliación del plazo busca que el dictamen incorpore los planteamientos surgidos durante las consultas y permita avanzar hacia una legislación que fortalezca la prevención, investigación y sanción del feminicidio, con especial atención a las demandas de justicia de las víctimas y sus familias.
