Monterrey, Nuevo León, 12 de junio.- La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó este viernes el inicio del procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García, una decisión que reactivó la confrontación política entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo estatal y volvió a colocar en el centro del debate la gobernabilidad de la entidad.
Con el voto mayoritario de sus integrantes, la comisión acordó admitir y dar trámite al expediente relacionado con presuntas irregularidades atribuidas a la administración estatal, por lo que el asunto avanzará a las siguientes etapas previstas en la legislación local antes de que pueda emitirse una resolución definitiva.
El acuerdo legislativo no implica una destitución inmediata del mandatario, ya que el juicio político contempla un proceso integrado por diversas fases de análisis, presentación de pruebas, derecho de audiencia y votaciones dentro del Congreso, por lo que aún deberán agotarse los procedimientos legales correspondientes.
La decisión representa un nuevo episodio en la disputa política que durante los últimos años ha enfrentado al gobierno estatal con distintas fuerzas representadas en el Congreso local, en medio de desacuerdos sobre temas presupuestales, nombramientos y atribuciones constitucionales.
El avance del procedimiento ocurre además en un momento estratégico para Nuevo León, entidad que desarrolla importantes proyectos de infraestructura, movilidad y logística vinculados a la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, obras que el gobierno encabezado por Samuel García ha presentado como ejes prioritarios para impulsar la competitividad y el crecimiento económico del estado.
Tras conocerse la determinación de la Comisión Anticorrupción, el entorno del gobernador sostuvo que enfrentará el proceso por las vías institucionales y legales correspondientes. Su equipo jurídico adelantó que ejercerá todos los recursos previstos en la legislación para defender la actuación de la administración estatal, al considerar que las decisiones del Ejecutivo se han realizado dentro del marco constitucional y legal vigente.
