México, 8 de septiembre.- La violencia que desde hace dos años azota a Sinaloa llegó al centro del debate en el Senado de la República, donde la priista Paloma Sánchez confrontó directamente a Enrique Inzunza, ahora senador sin partido político, y colocó frente a él una serie de carpetas que, dijo, representan el saldo de la crisis de seguridad que vive el estado.
Las carpetas contenían, de acuerdo con la senadora, casos de homicidios, secuestros, desapariciones y otros delitos registrados durante los dos años de enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente Los Mayos y Los Chapitos.
El episodio ocurrió durante la discusión relacionada con la política interior, en el marco del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sánchez utilizó ese concepto para cuestionar la situación que prevalece en Sinaloa y plantear que la gobernabilidad no puede medirse únicamente mediante las cifras oficiales.
“La política interior implica, entre otras cosas, seguridad, gobernabilidad, coordinación entre órdenes de gobierno, cumplimiento de la ley, funcionamiento de las instituciones y respeto a los derechos humanos”, argumentó la legisladora.
A partir de esa definición, lanzó una crítica directa al contenido del informe presidencial.
Sánchez sostuvo que el país que presenta Morena en el informe —con menos homicidios, crecimiento económico y una población satisfecha— no corresponde con la realidad que, según ella, enfrentan diariamente los sinaloenses.
El eje de su intervención fue Sinaloa, estado que, afirmó, cumple esta semana dos años de violencia derivada de la disputa entre grupos del Cártel de Sinaloa.
La senadora resumió ese periodo como 730 días de sangre, dolor y desesperación, y puso énfasis en las consecuencias que la violencia ha tenido sobre familias, niños, trabajadores y empresarios.
Recordó a las madres que han perdido a sus hijos y a las familias que continúan buscando a personas desaparecidas.
También habló de los menores que han crecido en medio de la violencia y de los padres que han tenido que explicarles cómo protegerse de las balas, incluso cuando se dirigen a la escuela o al trabajo.
Uno de los momentos más emotivos de su discurso ocurrió cuando hizo referencia al asesinato de un niño de apenas un año y cuatro meses.
“¿Vieron las imágenes? ¿Vieron el ataúd?”, cuestionó desde la tribuna al describir el pequeño féretro del menor.
Sánchez dirigió sus señalamientos hacia Enrique Inzunza.
Lo acusó públicamente a Inzunza de haber tenido responsabilidad en acuerdos relacionados con el crimen organizado y lo vinculó políticamente con la crisis de seguridad de Sinaloa.
“Y hoy un escaño del que debería de ser el Honorable Senado de la República (4:55) es ocupado por un criminal responsable de la narcoguerra en el Estado de Sinaloa, aquí está Enrique Inzunza, (…) su presencia mancha a esta soberanía, se esconde en el Senado protegido por el fuero, mientras a las y los sinaloenses los siguen matando.
“Es hora de que no puede justificar por qué no pide licencia, enfrenta la ley, es hora de que no puede justificar por qué se ocultó todos estos meses. ¿Quiere hablar de honorabilidad, senador? Mejor hablemos de dignidad. Ahora quiere venir a decir que es una persecución política, pero ¿quién va a quererlo perseguir políticamente? (5:46) ¿Se dice víctima? No, los políticos no pueden ser víctimas, para víctimas, las que están en el Estado de Sinaloa”, afirmó.
La priista contrapuso al informe presidencial una serie de cifras que presentó como el saldo de los dos años de violencia en Sinaloa:
- 3,172 homicidios.
- 4,125 personas desaparecidas.
- 174 niñas, niños y menores asesinados.
- 344 menores desaparecidos.
- 3,000 familias desplazadas.
- 12,426 vehículos robados.
- 170 mil millones de pesos en daños económicos.
- 54,000 sinaloenses que perdieron su empleo.
- 7,000 negocios cerrados.
Sánchez afirmó que esas cifras representan una realidad que, a su juicio, no aparece en el informe presentado por el gobierno federal.
“Morena puede acomodar las cifras como quiera”, sostuvo, al señalar que los números oficiales no pueden borrar a las personas asesinadas, a las familias que exigen justicia ni a quienes continúan desaparecidos.