México, 21 de mayo.- La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral abrió un nuevo frente político entre Morena y la oposición.
Mientras Morena defendió la propuesta como una herramienta preventiva y de transparencia, PAN y PRI la calificaron como una medida “superficial”, sin consecuencias jurídicas contundentes para los partidos que postulen perfiles ligados al crimen organizado.
El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, explicó que la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales formará parte del periodo extraordinario y plantea la creación de una comisión integrada por cinco consejeros electorales.
Detalló que dicho órgano tendría facultades para solicitar información a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, con el objetivo de detectar “riesgos razonables” en candidaturas vinculadas con actividades ilícitas.
Ávila sostuvo que uno de los elementos centrales de la iniciativa es que cualquier persona que aspire a una candidatura deberá autorizar de manera obligatoria ser sometida a revisión por parte de las autoridades.
Afirmó además que el procedimiento será confidencial, por lo que —dijo— no se vulnerarán datos personales ni la presunción de inocencia de los aspirantes.
Según explicó, en caso de detectarse indicios o riesgos razonables, correspondería a la Fiscalía General de la República iniciar las investigaciones pertinentes. Sin embargo, aclaró que la comisión únicamente emitiría alertas al INE y a los partidos políticos, sin cancelar registros de manera automática.
El legislador subrayó que la decisión final sobre mantener o retirar una candidatura seguirá siendo potestad de cada partido político.
“Es voluntario completamente por parte del partido político si quiere tomar en cuenta este semáforo”, señaló el morenista, quien argumentó que la propuesta responde a una exigencia ciudadana para impedir la llegada del crimen organizado a cargos de elección popular.
La respuesta más dura vino desde el PAN.
El coordinador panista en el Senado, Ricardo Anaya, rechazó la propuesta al considerar que sólo crea más burocracia sin establecer sanciones reales.
Anaya insistió en que la oposición panista propone una medida mucho más severa: retirar el registro a cualquier partido político que postule candidatos vinculados con el narcotráfico.
“Si un partido político postula a un narco candidato, ese partido político tiene que perder el registro”, afirmó.
El senador panista aseguró que el caso de Rubén Rocha Moya demuestra la gravedad de la infiltración criminal en la política mexicana y acusó a Morena de intentar encubrir vínculos con el crimen organizado.
Incluso sostuvo que exfuncionarios del gobierno sinaloense habrían acudido a Estados Unidos a colaborar con autoridades de ese país, argumento que utilizó para exigir la desaparición de poderes en Sinaloa y para justificar el voto en contra del PAN al periodo extraordinario.
Anaya calificó la iniciativa presidencial como una “cortina de humo” y una “tomadura de pelo”, al insistir en que no contempla consecuencias jurídicas contundentes para los partidos.
Desde el PRI, la secretaria general del partido y senadora Carolina Viggiano, criticó al considerar que se trata de un intento del oficialismo por “lavarse la cara” frente a los presuntos vínculos entre políticos y el crimen organizado.
Cuestionó la viabilidad de que dicha comisión pueda garantizar que los candidatos no tengan nexos ilícitos y reprochó que la propuesta sea presentada de manera acelerada para el periodo extraordinario de la próxima semana.
“¿Cómo se puede explicar que los candidatos no tengan vínculo? ¿Y sobre todo que la van a presentar ya para el periodo extraordinario de la próxima semana?”, expresó.
Viggiano ironizó sobre la mayoría legislativa de Morena y sus aliados, al señalar que los legisladores oficialistas “no necesitan más que hacer pesas para poder tener fuerza en el brazo que van a levantar”, porque “el otro músculo, que es el cerebro, no lo ocupan”.
Asimismo, acusó al gobierno federal de intentar aparentar un cambio de conducta política mediante la creación de esta nueva instancia dentro del INE.
“Es una manera de quererse lavar la cara. Es una manera de querer decir que ya se van a portar bien. Pero lo que mal empieza, mal acaba”, afirmó.
La priista sostuvo que Morena llegó al poder “ayudado por el narcotráfico” y por “empresarios corruptos”, además de asegurar que el oficialismo mantiene compromisos “oscuros” que le impiden combatir realmente a la delincuencia organizada.
“¿Cómo pueden combatir al narcotráfico si son sus aliados? Ya hemos visto todo lo que está pasando. Es una mafia completa”, declaró.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez, consideró irregular que se convoque a un periodo extraordinario sin que el Congreso conozca previamente el contenido completo del proyecto.
Aunque reconoció la importancia de combatir la infiltración del crimen organizado en la política, advirtió que cualquier mecanismo de verificación debe garantizar autonomía institucional, transparencia y ausencia de sesgos políticos.
Alertó sobre el riesgo de que la nueva comisión pueda convertirse en un instrumento de control político si no existen contrapesos reales y órganos verdaderamente independientes.
Además, afirmó que el Estado mexicano ya cuenta con herramientas de fiscalización suficientes, por lo que el problema central no sería la ausencia de mecanismos, sino la falta de aplicación efectiva de la ley.
