México, 30 de septiembre.- El oficialismo y la oposición en el Senado protagonizaron un nuevo enfrentamiento por los memes y contenidos digitales, que se convirtieron en el centro del debate durante la discusión de la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, aprobada con 72 votos a favor y 34 en contra este miércoles por el pleno.
La reforma conocida como Ley Antimemes incorpora nuevas conductas relacionadas con el uso indebido de elementos de identidad oficial y establece una sanción de 60 meses de cárcel y hasta un millón 173 mil 100 pesos de multa cuando estos sean utilizados con fines ilícitos.
El dictamen adiciona el artículo 403 Bis para sancionar la utilización, reproducción, imitación o incorporación, a escala comercial de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos de carácter oficial pertenecientes a instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno.
La conducta sería considerada delito cuando esos elementos se utilicen para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito, particularmente cuando se pretenda hacer pasar como oficial una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública.
Supuesto que la oposición interpretó como censura y un atentado contra la libertad de expresión.
El punto generó especial atención por su posible impacto en contenidos digitales, incluidos los memes y materiales satíricos que utilizan logotipos, diseños o elementos visuales de dependencias gubernamentales.
Sin embargo, el texto del dictamen establece elementos específicos para que se configure el delito: la conducta debe realizarse a escala comercial, existir una intención de inducir al error o engaño y estar vinculada con la intención de cometer un ilícito.
Por ello, la disposición no plantea una sanción automática por elaborar o difundir un meme.
Para quien incurra en la conducta prevista, el dictamen contempla cinco años de prisión y una multa de mil a 10 mil UMA, es decir, 117,310 a 1,173,100 pesos.
El contenido de la reforma generó un fuerte debate entre las bancadas por los posibles efectos del artículo 403 Bis sobre la libertad de expresión.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, explicó que la ley busca impedir fraudes y suplantaciones, y no sancionar la crítica, la sátira o la parodia política.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, argumentó “que quede claro que la crítica, la sátira y el debate público pertenecen a una democracia, pero hacerse pasar por una institución para engañar es otra cosa”.
Otro morenista, Cuauhtémoc Ochoa, afirmó que “aquí nadie va a ir a la cárcel por hacer un meme”.
“Aquí nadie va a ir a la cárcel, nadie por hacer un meme para que haya delito se necesitan tres cosas, escala comercial, hacer pasar algo como oficial para engañar y la intención de cometer un fraude. La famosa ley anti memes no existe, es producto de la gran imaginación de la oposición”, apuntó.
Movimiento Ciudadano, PRI y PAN anunciaron su rechazo al dictamen y advirtieron que la redacción podría generar riesgos para periodistas, caricaturistas, creadores de contenido y ciudadanos que utilizan imágenes oficiales con fines satíricos o de crítica política.
Alejandra Barrales, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la disposición podría afectar la libertad de expresión.
“En realidad lo que quiere la mayoría, lo que quiere concretamente Morena, es hacerse del control de lo que se dice, de lo que se comenta, de lo que se ve y de lo que se escucha en línea. La libertad de expresión en Internet y en las redes sociales hoy está bajo asedio también en nuestro país”, aseveró.
Mientras Manuel Añorve, coordinador del PRI, cuestionó que no se establezcan exclusiones expresas para el periodismo, la parodia, la caricatura y la crítica política.
“El PRI nunca votará a favor de este tipo de reformas autoritarias que buscan violar los derechos de las y los mexicanos. (…) Combatir el fraude no se puede convertir en un pretexto para perseguir a la crítica, México necesita mejores leyes, no delitos abiertos a interpretaciones del poder, que mañana, por supuesto, pueden utilizarse como lo sabe hacer Morena contra quien incomode a su gobierno”, afirmó.
Desde el PAN, María Guadalupe Murguía y María de Jesús Díaz coincidieron en que combatir la falsificación y el fraude es necesario, pero señalaron que los conceptos utilizados en el tipo penal podrían resultar demasiado amplios.
Guadalupe Murguía, expresó que si bien había una nueva redacción del artículo 403 bis, seguía conteniendo conceptos vagos e imprecisos.
“Sigue conteniendo conceptos genéricos, vagos, imprecisos que dejan la puerta abierta a que se sancione con cárcel, con una multa elevada, la crítica política, las caricaturas, los cartones, los memes, incluso expresiones que se utilizan regularmente por la ciudadanía en las redes sociales.
“Desde luego este 403 bis no sanciona específicamente el meme, la sátira, la caricatura, pero deja la puerta abierta para todos aquellos que utilizando el humor formulen críticas políticas al gobierno”.
En contraste, los legisladores que respaldan la reforma defendieron la actualización del marco jurídico frente a las nuevas formas de piratería y distribución digital.
Emmanuel Reyes, presidente de la Comisión de Economía, destacó que la propuesta busca armonizar la legislación mexicana con compromisos internacionales, incluido el T-MEC y acuerdos administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Antonino Morales Toledo también defendió la reforma, al señalar que fortalece la defensa de artistas, artesanos, inventores y pequeños empresarios frente a la piratería.
Destacó que la medida contempla sanciones por falsificación, reparación del daño y protección de obras en el entorno digital, además de armonizar la legislación mexicana con el T-MEC y tratados de la OMPI.
El paquete también contempla sanciones contra la reproducción, distribución, venta y explotación no autorizada de obras, así como contra la elusión de medidas tecnológicas de protección.
Uno de los nuevos delitos establece penas de cuatro a diez años de prisión y de dos mil a 20 mil días multa para quien, sin autorización, divulgue, publique, comunique o distribuya obras, fonogramas, videogramas o libros antes de su lanzamiento oficial o primera puesta a disposición autorizada en México.
La reforma introduce además el concepto de “escala comercial”, que podrá configurarse cuando exista un beneficio económico, una ventaja competitiva o un impacto significativo en la posición de mercado del titular de los derechos.
El umbral establecido es de 170 UMA, con posibilidad de acumular operaciones vinculadas realizadas durante un periodo de hasta 90 días.
En materia de propiedad industrial, también se endurecen las disposiciones contra la falsificación de marcas y su comercialización, mientras que determinadas conductas pasarían a perseguirse de oficio.
La minuta se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos legislativos que correspondan.
