México, 21 de abril.- El senador de Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, presentó un punto de acuerdo para citar a una reunión de trabajo el martes 28 de abril ante las comisiones de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal estatal, César Gustavo Jáuregui Moreno, tras un hecho violento en la sierra Tarahumara que dejó cuatro personas muertas, entre ellas dos agentes presuntamente de la CIA aparentemente involucrados en labores de seguridad pública sin autorización federal.
Desde tribuna, el legislador calificó el suceso como “sumamente trágico” y expresó condolencias por la muerte de dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación y dos personas extranjeras que, dijo, realizaban tareas de seguridad en territorio mexicano sin la debida notificación ni coordinación con autoridades federales.
El episodio ocurrió el pasado fin de semana en una carretera del municipio de Morelos, en una zona remota de la sierra Tarahumara, lo que —según el senador— agrava la preocupación por la posible actuación irregular de agentes foráneos en tareas sensibles para el Estado.
Loera de la Rosa sostuvo que la participación de agentes extranjeros en labores de seguridad pública está regulada por la Ley de Seguridad Nacional de México, la cual obliga a las autoridades locales a informar y coordinar cualquier colaboración con instancias federales.
Advirtió que dicha disposición no es opcional, sino un elemento estructural del sistema de seguridad nacional que busca preservar la soberanía, el control institucional y la trazabilidad de la cooperación internacional.
Recordó que en diciembre de 2020, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se reformó la ley para regular de forma más estricta la relación con agencias extranjeras, estableciendo mecanismos claros de coordinación entre los tres niveles de gobierno.
El senador de Morena fue más allá del caso reciente y acusó al gobierno estatal de mantener una política sostenida de colaboración directa con autoridades de Estados Unidos, sin apego al marco legal mexicano.
Como antecedentes, mencionó la firma de un memorando de entendimiento en 2022 entre la gobernadora de Chihuahua y el gobernador de Texas, Greg Abbott, en materia de seguridad fronteriza y migración.
Asimismo, refirió declaraciones oficiales de 2025 en las que se reconoció la instalación de espacios dentro de la llamada “Torre Centinela” para la operación de agencias estadounidenses como la Drug Enforcement Administration, Federal Bureau of Investigation, Customs and Border Protection y la Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives.
A juicio del legislador, estos elementos evidencian que no se trata de un hecho aislado, sino de una estrategia constante de coordinación directa con un gobierno extranjero.
El punto de acuerdo plantea tres acciones principales:
- Citar a la gobernadora y al fiscal de Chihuahua a una reunión de trabajo ante las comisiones referidas el 28 de abril a las 10:00 horas.
- Solicitar un informe detallado sobre los mecanismos de coordinación —o su ausencia— con autoridades federales en materia de seguridad.
- Evaluar posibles acciones adicionales conforme a las atribuciones del Senado.
Loera de la Rosa subrayó que, de confirmarse las irregularidades, se estaría ante una vulneración al diseño normativo del Estado mexicano en materia de seguridad nacional, así como a la soberanía del país.
En su mensaje final, el senador enfatizó que la actuación del Estado mexicano en temas de seguridad no admite ambigüedades ni decisiones unilaterales por parte de autoridades locales.
“La soberanía nacional no se negocia”, reiteró desde tribuna, al tiempo que llamó a reforzar el cumplimiento del marco legal como base para preservar la integridad del Estado.
Por su parte, Ricardo Anaya, coordinador del PAN, centró el debate en la responsabilidad del gobierno federal y no en la autoridad estatal, como ha sugerido Morena.
El panista cuestionó que se intente trasladar la responsabilidad a la gobernadora de Chihuahua, al considerar absurdo que un gobierno estatal deba controlar el ingreso de agentes extranjeros al país.
“Ahora resulta que una gobernadora tiene que revisar pasaportes o decidir qué extranjero entra o no al territorio nacional”, ironizó.
Anaya planteó un escenario de dos vías:
Por un lado, si el gobierno federal sí tenía conocimiento de la presencia de estos agentes, entonces —acusó— estaría engañando a la opinión pública al negarlo o minimizarlo.
Por el otro, si no lo sabía, la implicación es aún más grave: evidenciaría una ruptura de confianza por parte de Estados Unidos hacia México, al permitir la actuación de sus agentes sin notificar formalmente.
Para Anaya, no se trata de un incidente aislado, sino de un posible problema diplomático que rebasa por completo a las autoridades locales.
En ese contexto, el senador lanzó una exigencia directa: que el gobierno federal asuma su responsabilidad y deje de “lavarse las manos”.
Además, elevó el tono político al advertir que, si Morena insiste en llamar a comparecer a gobernadores de oposición, el PAN responderá impulsando la comparecencia de mandatarios estatales del oficialismo.
El senador panista Mario Vázquez celebró el desmantelamiento de uno de los mayores laboratorios de drogas sintéticas en Latinoamérica, localizado en el municipio de Morelos, Chihuahua, pero aprovechó el operativo para cuestionar la actuación del gobierno federal ante la presunta participación de agentes extranjeros.
Si bien reconoció la coordinación entre fuerzas estatales y el Ejército, el legislador advirtió que existe una posible omisión del Estado mexicano al no esclarecer bajo qué estatus operaban los elementos extranjeros en territorio nacional, como lo establece la Ley de Seguridad Nacional.
Vázquez rechazó que se intente responsabilizar a la gobernadora Maru Campos, al subrayar que el combate al crimen organizado es una atribución federal, y cuestionó que desde el gobierno se busque deslindar responsabilidades en lugar de asumirlas.
En ese sentido, planteó que cualquier llamado a comparecer debe incluir no sólo a autoridades estatales, sino también al titular de la Cancillería y a la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de esclarecer la participación de agentes extranjeros y garantizar que el operativo se condujo conforme a la ley.
Este miércoles sesionará la Comisión de Puntos Constitucionales para dar trámite al punto de acuerdo presentado por el senador Loera de la Rosa, para que en la sesión de este día reciba el aval del pleno del Senado.