Toluca, Estado de México, 22 de julio.- La estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno de México en coordinación con el Estado de México entró en una nueva fase con resultados que buscan consolidar el control territorial y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.
Desde Toluca, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el Mando Unificado Oriente se ha convertido en el principal ejemplo de que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno está dando resultados tangibles en la entidad.
Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Harfuch explicó que el modelo, puesto en marcha en julio de 2025 por instrucción presidencial, fortaleció la coordinación operativa en los 15 municipios con mayor incidencia delictiva del Estado de México mediante el intercambio de inteligencia, la planeación conjunta de operativos y una respuesta más rápida ante hechos delictivos.
La estrategia involucra a municipios como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco, Valle de Chalco, La Paz, Ixtapaluca, Texcoco, Tultitlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Coacalco y Chicoloapan, donde participan de manera permanente la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía estatal y autoridades de seguridad mexiquenses.
Los resultados acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026 reflejan el alcance de la estrategia: 3 mil 300 personas detenidas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de mil 300 kilogramos de droga, 819 armas de fuego y más de 28 mil cartuchos, además de múltiples operativos contra organizaciones criminales.
Uno de los pilares de la ofensiva ha sido la Operación Enjambre, considerada por Harfuch como una investigación sin precedentes contra la corrupción institucional.
Gracias a ella fueron detenidas 60 personas, entre servidores y exservidores públicos que presuntamente brindaban protección a grupos delictivos, mientras que se obtuvieron 16 sentencias condenatorias contra 22 funcionarios, entre ellos presidentes municipales, directores de seguridad pública y otros servidores vinculados con organizaciones criminales.
El secretario destacó además operaciones como Liberación, enfocada en combatir la extorsión a comerciantes y productores; así como Atarraya, Bastión y Restitución, mediante las cuales se han asegurado inmuebles utilizados para actividades ilícitas, recuperado propiedades y debilitado la infraestructura operativa de grupos criminales.
La ofensiva también se ha concentrado en delitos que afectan directamente a la población, como el robo al transporte de carga, robo de vehículos y autopartes, narcomenudeo y robo de hidrocarburos.
Entre las acciones recientes sobresale la captura en Toluca de José Alberto “N”, alias “El Tucán”, identificado como presunto generador de violencia y líder de una célula dedicada a extorsionar a transportistas, además de estar vinculado con agresiones contra operadores del servicio público.
Asimismo, en Chimalhuacán, Ecatepec, La Paz, Nextlalpan y Tecámac fueron ejecutadas 14 órdenes de cateo que permitieron detener a líderes de una organización dedicada al robo de hidrocarburos, asegurando armas, dinero en efectivo, autotanques, tractocamiones y miles de litros de gas LP.
Otro de los golpes más importantes contra las finanzas del crimen organizado ocurrió entre el 13 y el 20 de julio, cuando autoridades estatales y federales retiraron más de 3 mil 300 máquinas tragamonedas en 84 municipios mexiquenses.
De acuerdo con García Harfuch, estos aparatos generaban ingresos ilícitos de hasta 600 millones de pesos, recursos utilizados para financiar actividades como extorsión, cobro de derecho de piso, préstamos “gota a gota” y reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales.
El funcionario subrayó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener la coordinación institucional, fortalecer las capacidades de investigación y continuar atacando no sólo a los generadores de violencia, sino también las estructuras financieras que sostienen a la delincuencia organizada, con especial énfasis en el combate a la extorsión, uno de los delitos que el Gobierno federal ha colocado como prioridad nacional.
