México, 30 de octubre.- La asignación de contratos por 2 mil 461 millones de pesos a cinco empresas relacionadas con funcionarios electorales se habría extendido durante más de una década, desde 2014 hasta 2025, por lo que las presuntas irregularidades en la contratación de materiales electorales no corresponderían exclusivamente a la actual administración del Instituto Nacional Electoral (INE), sino también a gestiones anteriores.
Así lo sostuvo el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción, donde expuso que cinco compañías con vínculos entre sus representantes legales, socios y funcionarios electorales recibieron contratos tanto del instituto como de organismos públicos locales electorales (OPLE) de al menos 20 entidades federativas.
Las empresas identificadas son Cajas Graft, Corporativo Zeg, Comerciadora JVLY, Formas Finas y Materiales, y Seriplast de México, que en conjunto acumularon adjudicaciones por 2 mil 461 millones de pesos mediante la comercialización de materiales electorales.
Al presentar estos datos, el contralor rechazó que el problema pueda atribuirse únicamente a la gestión encabezada por Guadalupe Taddei, al señalar que las relaciones empresariales y las contrataciones bajo revisión tienen antecedentes que se remontan a 2014.
“Estas cinco empresas han obtenido contratos por 2 mil 461 millones de pesos… vemos que no es solo un tema del INE sino de todos los órganos electorales, y no es un tema de esta gestión sino de anteriores”, afirmó.
Sin embargo, el funcionario también confirmó que las investigaciones relacionadas con los señalamientos más recientes sobre contratos otorgados durante la presidencia de Taddei continúan abiertas. Precisó que existen 18 expedientes en el OIC: 13 permanecen en etapa de investigación y cinco ya pasaron a procedimientos de responsabilidades administrativas.
En estos últimos casos, explicó, se notificó a los servidores públicos señalados para que comparezcan a su audiencia inicial, lo que significa que formalmente ya se les comunicaron las imputaciones correspondientes.
Entre las conductas detectadas en esos cinco procedimientos mencionó posibles conflictos de interés y el ocultamiento de esas circunstancias, aunque evitó proporcionar nombres o mayores detalles sobre las personas involucradas.
Carvente Contreras pidió no anticipar conclusiones sobre las investigaciones y aclaró que los hallazgos derivados de las revisiones a los contratos son todavía preliminares.
Por esa razón, insistió en que deben agotarse las etapas correspondientes antes de establecer responsabilidades administrativas.
Desde el inicio de su exposición advirtió que abordaría los asuntos como “casos hipotéticos” y no como irregularidades plenamente acreditadas, debido a que los resultados de los actos de fiscalización todavía deben consolidarse.
También argumentó que el debido proceso le impide revelar la identidad de los presuntos responsables, el número y contenido específico de las pruebas, los datos personales de los involucrados o conclusiones que aún no tienen carácter definitivo.
De esta manera, la comparecencia dejó dos vertientes en torno a las contrataciones bajo sospecha: por un lado, un esquema de relaciones empresariales y adjudicaciones que, de acuerdo con el OIC, se extendió durante 11 años y alcanzó a organismos electorales de buena parte del país; por otro, cinco procedimientos de responsabilidades administrativas vinculados con los señalamientos recientes en el INE, en los que ya fueron notificadas formalmente las imputaciones.
El titular del órgano de control subrayó que las investigaciones deberán continuar hasta determinar si existieron responsabilidades y quiénes participaron en ellas, sin que hasta ahora se pueda hablar de sanciones o resoluciones definitivas.