La consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde Luján, detalló este jueves la iniciativa de reforma electoral impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear mecanismos de verificación que permitan a los partidos políticos detectar posibles vínculos de aspirantes con la delincuencia organizada antes de las elecciones de 2027.
Durante la presentación de la propuesta, Alcalde explicó que el gobierno federal enviará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el propósito de crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE).
La funcionaria subrayó que el objetivo principal es que los partidos políticos cuenten con información suficiente para evitar postular personas relacionadas con grupos criminales.
“Pretende establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán ya a partir de la elección del 2027 y evitar que haya cualquier vínculo con la delincuencia organizada”, señaló.
De acuerdo con la explicación de Alcalde, la nueva comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE para periodos de tres años.
La comisión tendría la función de servir como enlace entre los partidos políticos y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, incluyendo al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La consejera jurídica detalló que el procedimiento iniciaría cuando los partidos políticos entreguen voluntariamente a la comisión los nombres de las personas aspirantes a candidaturas.
Posteriormente, las dependencias federales realizarían una revisión para determinar si existe o no un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.
“Estas autoridades hacen un análisis y determinan que no existe riesgo o que existe un riesgo razonable”, explicó.
Precisó que las instituciones no compartirían expedientes, carpetas de investigación ni detalles específicos de posibles indagatorias, sino únicamente una valoración general sobre la existencia de riesgos.
“Esta información las instituciones la entregan a la comisión sin señalar el asunto del que se derive el riesgo, únicamente estableciendo si existe o no un riesgo razonable”, indicó.
La comisión comunicaría posteriormente a los partidos políticos si hay observaciones sobre algún aspirante y cuáles dependencias detectaron el posible riesgo.
Sin embargo, Alcalde dejó claro que la decisión final sobre registrar o no la candidatura corresponderá exclusivamente a los partidos.
“Con base en esa información, los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura”, puntualizó.
Añadió que, en caso de detectarse información relevante, las autoridades continuarían con las investigaciones correspondientes conforme a sus facultades legales.
La iniciativa también contempla que las personas aspirantes a cargos de elección popular deban firmar obligatoriamente una manifestación de consentimiento para ser evaluadas por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.
Según Alcalde, esta disposición aplicará independientemente de que el partido político decida o no someter formalmente el perfil a consulta.
La funcionaria enfatizó que todo el procedimiento se desarrollará bajo estrictas condiciones de confidencialidad y que la información proporcionada por las autoridades tendrá carácter reservado para no vulnerar el debido proceso.
Finalmente, Luisa María Alcalde aclaró que se trata de una reforma a legislación secundaria y no de una modificación constitucional, por lo que únicamente requerirá aprobación del Congreso de la Unión para entrar en vigor.
