México, 29 de octubre.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Guadalupe Taddei “traicionó la confianza del pueblo de México” y exigió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una investigación profunda sobre las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que abarque tanto su gestión como las administraciones anteriores y los organismos electorales estatales.
La mandataria sostuvo que los señalamientos sobre presuntas irregularidades deben derivar en un deslinde de responsabilidades, pero aclaró que corresponde a las autoridades determinar quiénes participaron y si existen conductas sancionables.
“No puede haber sombra de corrupción en el INE”, expresó. Por ello, reclamó transparentar las compras y revisar la actuación de empresas que, según denunció, han obtenido contratos de material electoral mediante un esquema de intermediación que se remonta a 1999.
Sheinbaum acusó que durante años se consolidó una burocracia electoral y se establecieron condiciones en las licitaciones para favorecer a determinados proveedores, tanto en el instituto nacional como en los organismos locales.
“Son empresas coyotes, intermediarios, que siempre ganan las licitaciones”, señaló al cuestionar los requisitos que, sostuvo, restringen la competencia y permiten concentrar las adjudicaciones.
Frente a ese panorama, propuso fortalecer la producción pública de papelería electoral mediante una empresa del Estado dedicada a talleres gráficos, con precios justos, transparencia y un consejo de administración.
“Lo mejor es que tengamos una verdadera empresa del Estado dedicada a los talleres gráficos, que sea quien produzca la gran mayoría de la papelería electoral”, manifestó.
Sheinbaum subrayó que la investigación debe reconstruir cómo participaron esos proveedores en distintos periodos y revisar las prácticas que permitieron su permanencia. Insistió en que las posibles responsabilidades no pueden limitarse de antemano a una sola persona.
Recordó que Taddei llegó al cargo mediante insaculación en la Cámara de Diputados y rechazó que su designación hubiera sido una decisión del entonces presidente de la República.
Aunque lanzó un reproche político contra la funcionaria, también advirtió que una publicación periodística no demuestra por sí misma la responsabilidad de alguien.
Rechazó los linchamientos mediáticos y sostuvo que las instituciones deben investigar y sustentar sus conclusiones.
La presidenta afirmó que, según la información conocida, ya existía una auditoría relacionada con el caso.
Demandó que la ASF actúe y que sus resultados permitan proceder contra quienes resulten responsables.
“Que se deslinden responsabilidades, que se haga la auditoría y que se proceda como se tiene que proceder”, insistió.