México, 7 de septiembre.- El cateo de una bodega arrendada en la Ciudad de México por uno de los principales operadores de la red de huachicol fiscal permitió a la Fiscalía General de la República (FGR) descubrir indicios que revelan el alcance de la estructura criminal, entre ellos documentación de seguridad nacional clasificada como reservada y confidencial, expedientes de personal naval y de altos mandos de la Secretaría de Marina, así como listas relacionadas con aduanas marítimas.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que el inmueble estaba relacionado con el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna o Manuel Roberto N., identificado junto con Fernando Farías Laguna o Fernando N., como uno de los principales operadores de la organización conocida como “Los Primos”, investigada por introducir y comercializar ilegalmente hidrocarburos en México.
De acuerdo con la funcionaria, el hallazgo de la bodega constituye una de las piezas relevantes de una investigación que comenzó en 2024, luego de que el entonces secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, informó a la entonces Fiscalía General de la República sobre posibles actividades ilícitas vinculadas con integrantes de la institución naval.
Godoy explicó que las indagatorias permitieron inicialmente asegurar 10 millones de litros de diésel que se encontraban a bordo de un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Sin embargo, ese operativo llevó a los investigadores a identificar una estructura mucho más amplia, con capacidad para importar, trasladar, almacenar y distribuir combustible ingresado ilegalmente al país.
El contenido localizado en la bodega aportó nuevos elementos sobre la forma en que operaba la organización.
Además de objetos de lujo y armas sin el registro correspondiente, los agentes encontraron listas de aduanas marítimas, expedientes relacionados con personal naval y altos mandos de la institución, así como documentación de seguridad nacional cuya clasificación era reservada y confidencial.
Para la FGR, estos hallazgos se suman a los datos de prueba que actualmente son valorados por el Poder Judicial y permiten dimensionar la presunta capacidad de la organización para obtener información y establecer vínculos dentro de instituciones estratégicas.
La investigación apunta a que Manuel Roberto N. habría tenido un papel particularmente relevante en la gestión de nombramientos, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la propia Secretaría de Marina.
El esquema investigado no se habría limitado al pago de sobornos para permitir el ingreso de combustible.
Según la FGR, los operadores habrían construido una red de complicidades para asegurar que los cargamentos llegaran a México y pudieran ser liberados sin una revisión efectiva.
Los buques zarpaban principalmente de Texas con hidrocarburos que eran declarados como aceite o aditivo, con el propósito de modificar su tratamiento fiscal.
Una vez en los puertos mexicanos, servidores públicos y agentes aduanales presuntamente recibían pagos para permitir el paso de los embarques.
Las revisiones habrían sido simuladas mediante muestreos superficiales, autorización de volúmenes manipulados o maniobras para liberar el producto sin inspección. Incluso, la organización habría establecido calendarios de arribo y acciones para desactivar cámaras de vigilancia e impedir el registro de las descargas.
Después, el combustible era distribuido mediante tres empresas legalmente constituidas, mientras una red de empresas fachada y triangulaciones financieras presuntamente se encargaba de dar apariencia legítima a los recursos obtenidos.
Las investigaciones han identificado operaciones de la estructura en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, siguiendo el rastro de accionistas, apoderados legales y otros participantes en las diferentes etapas del negocio.
Godoy subrayó que la investigación continuará y advirtió que cualquier persona que haya utilizado un cargo público, un uniforme o una posición dentro de una aduana para favorecer al crimen tendrá que responder ante la justicia.
La fiscal también rechazó que los actos de algunos funcionarios impliquen a toda la institución naval y sostuvo que la responsabilidad por las conductas ilícitas es individual.
Destacó que el actual secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, ha dado seguimiento a las investigaciones.
