México, 4 de mayo.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación por posibles delitos contra la seguridad nacional tras la muerte de dos agentes estadounidenses —presuntamente vinculados a la CIA— durante un operativo antidrogas en Chihuahua, y anunció que citará a alrededor de 50 personas para rendir declaración.
El vocero de la institución, Ulises Lara, explicó que la indagatoria se centra en la participación de personal extranjero y en las condiciones en que se llevó a cabo el operativo, lo que llevó a explorar una posible violación en materia de seguridad nacional.
“Se considera la posibilidad de que se hayan cometido delitos en esta materia”, señaló durante un mensaje a medios.
De forma paralela, la FGR revisa la situación legal de los agentes involucrados, en particular si contaban con las acreditaciones necesarias y si su presencia era conocida por autoridades estatales. Para ello, se han solicitado informes que permitan confirmar la existencia y vigencia de los permisos correspondientes.
Los hechos se remontan al 19 de abril, cuando dos agentes ligados a la Embajada de Estados Unidos y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua fallecieron en un accidente carretero. El percance ocurrió cuando regresaban de un operativo contra un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía prevé entrevistar en los próximos días a cerca de 50 participantes en el operativo, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.
El caso ha generado polémica luego de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no tenía conocimiento previo de la participación de agentes estadounidenses en tareas de campo, lo que podría contravenir la Ley de Seguridad Nacional, que restringe este tipo de intervenciones sin autorización federal.
Posteriormente, autoridades federales confirmaron que los agentes no contaban con acreditación para operar en el país, mientras que versiones de medios estadounidenses que los vinculan con la CIA incrementaron la controversia.
En medio del conflicto entre autoridades federales y estatales, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, anunció la creación de un grupo especial para investigar el caso. A su vez, el fiscal estatal, César Jáuregui, presentó su renuncia tras admitir inconsistencias en los reportes iniciales sobre lo sucedido.