México, 29 de agosto de 2022.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de votos inválido en su totalidad el decreto de reforma aprobada en octubre de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derecho de las audiencias, que eliminada la obligación de concesionarios de radio y televisión a distinguir entre opinión e información al presentar una noticia.
Es inválido el decreto por el que se reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, porque no se respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad.
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El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, atendió diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas, bajo el argumento de que al momento de aprobarse esta reforma en el Senado “se violaron los procesos legislativos”.
La primera de las violaciones, explicó, fue que el dictamen se avaló sin las lecturas previas que marca el reglamento del Congreso, mientras que las segunda, fue que no se cumplió con el requisito de que el dictamen se hubiese publicado en la gaceta del Senado al menos 24 horas antes de su discusión.
“Estos requisitos fueron soslayados en la discusión correspondientes y significan una violación al proceso legislativo, así como al derecho que asiste a las minorías de no ser excluido de los procesos legislativos”, señaló Pérez Dayán.
La ministra Loretta Ortíz, explicó que, adicionalmente, la reforma se debía invalidar por falta de consulta a comunidades indígenas y personas con discapacidad.
“A partir de una interpretación del artículo segundo constitucional, los pueblos y comunidades indígenas tienen derechos a ser consultados previamente sobre políticas y leyes que puedan afectarlos directamente.
La denegación de este derecho, sin duda, tendrá como efecto una violación a sus derechos humanos”, aseveró.
El proyecto también proponía dotar al Congreso de un plazo de seis meses para emitir otra reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, “a fin de armonizar los derechos de las audiencias con las libertades de los medios de comunicación en la materia”.
Sin embargo, en la sentencia sólo se aprobó invalidar el decreto.
Ahora, serán las y los legisladores federales quienes decidan si impulsan o no una nueva reforma en la materia.