México, 13 de mayo.- El presidente del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, Carlos Roberto García, planteó una ofensiva para ampliar las facultades y la participación de la correduría pública en sectores estratégicos como la economía digital, la justicia civil y familiar, el desarrollo agrario y las notificaciones judiciales, al advertir que México enfrenta el reto de construir mayor certeza jurídica frente al avance tecnológico y comercial del país.
Durante la conmemoración de los “500 años construyendo confianza en México”, el dirigente sostuvo que la correduría pública debe dejar de ser vista únicamente como una figura tradicional del comercio para convertirse en un actor central en la formalización digital, la mediación jurídica y la modernización institucional.
“El corredor convierte un archivo digital en acto jurídico confiable, no solo en información”, afirmó al señalar que el actual marco legal mexicano todavía presenta rezagos importantes para garantizar seguridad jurídica en operaciones electrónicas y comercio digital.
En un discurso con fuerte contenido legislativo y de política pública, García defendió la necesidad de fortalecer la intervención de los corredores públicos en la formalización de actos electrónicos y cuestionó disposiciones legales que otorgan valor probatorio pleno a documentos contenidos en cadenas de bloques o blockchain sin considerar peritajes técnicos o la participación de fedatarios públicos.
“Sin esa intervención, la velocidad de los negocios supera a la certeza jurídica; con ella, la innovación se vuelve confiable, verificable y oponible frente a terceros”, sostuvo.
El dirigente destacó que han transcurrido 26 años desde que México legisló sobre comercio electrónico y consideró indispensable actualizar las normas para responder a los desafíos de la economía digital, donde “antes había papel, hoy hay datos; pero donde siempre debe haber certeza, ahí debe estar la fe pública”.
En ese contexto, defendió una visión de la correduría pública como auxiliar del Poder Judicial y reveló que durante el proceso legislativo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares lograron incorporar expresamente la figura de la corredora y el corredor público en diversas disposiciones para evitar “interpretaciones maliciosas o restrictivas” sobre sus atribuciones.
Incluso, señaló que la participación pudo haber sido mayor para ayudar a “despresurizar” la carga de trabajo de tribunales, como ocurre en otros países de América Latina con figuras similares a los martilleros judiciales.
También respaldó la iniciativa impulsada por la diputada Julieta Villalpando para modernizar y transparentar las notificaciones judiciales mediante la participación de corredores públicos, tomando como referencia el modelo aplicado en Zacatecas.
Otro de los ejes centrales del mensaje fue el ámbito agrario. García criticó las interpretaciones administrativas que —dijo— han limitado indebidamente la actuación de los corredores públicos en propiedad social y asuntos ejidales, pese a que más del 50 por ciento del territorio nacional corresponde a propiedad social.
Afirmó que el corredor público tiene capacidades multidisciplinarias para asesorar jurídica y financieramente a ejidatarios y núcleos agrarios, además de intervenir como perito valuador en proyectos de infraestructura y conflictos relacionados con tierras.
“De forma independiente se requeriría de diversos profesionistas para lograr lo que el corredor tiene la capacidad de realizar”, sostuvo.
El presidente del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana aprovechó el acto para agradecer al senador Emmanuel Reyes por impulsar la iniciativa para declarar el Día Nacional de la Correduría Pública Mexicana, así como al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por el respaldo institucional a la organización.
Asimismo, reconoció el trabajo legislativo del diputado José Narro y del senador Ángel Yáñez, al considerar que han promovido reformas para fortalecer la certeza jurídica y ampliar mecanismos de acceso efectivo a la justicia.
En un tono institucional, García reivindicó el origen histórico de la correduría pública al recordar que hace cinco siglos quedó asentado en las actas de cabildo de la entonces Temextitán el primer nombramiento de un corredor, hecho que calificó como el nacimiento de la confianza mercantil en México.
“La correduría pública sigue ahí, muchas veces invisible, pero indispensable”, expresó.
El dirigente cerró con un llamado a construir leyes “más claras, modernas y funcionales”, al advertir que no puede existir “prosperidad compartida sin confianza, ni confianza duradera sin certeza jurídica”.
