México, 29 de septiembre.- La exigencia para que el senador Enrique Inzunza Cázares enfrente sin fuero las acusaciones formuladas en su contra en Estados Unidos escaló este martes al ámbito legislativo, luego de que ciudadanos y abogados presentaron ante la Cámara de Diputados una solicitud formal de juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal al legislador.
La acción se produjo después de que más de 23 mil ciudadanos, de acuerdo con los organizadores, suscribieran una petición para exigir que Inzunza deje el Senado y responda ante las autoridades por los señalamientos que enfrenta.
Las firmas fueron llevadas al Senado, donde los promoventes denunciaron que no fueron recibidos por la Mesa Directiva ni por los coordinadores parlamentarios, salvo representantes de algunos grupos de oposición.
La senadora del PRI, Paloma Sánchez, respaldó la petición y sostuvo que la permanencia de Inzunza en el Senado representa, desde su perspectiva, un problema de impunidad.
La legisladora también cuestionó que, a cinco meses de la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, no se hayan hecho públicos avances de las investigaciones en México.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que el 29 de abril de 2026 fue presentada una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázares y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.
El propio Departamento de Justicia advierte que las acusaciones contenidas en el documento son alegaciones y que los hechos deberán ser acreditados en el proceso correspondiente.
En ese contexto, Vania Pérez Morales, ex presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, subrayó que la petición ciudadana no pretende sustituir a las autoridades judiciales ni establecer la culpabilidad del senador, sino exigir que las investigaciones se desarrollen sin que el fuero constituya un obstáculo.
“Nosotros no somos autoridad”, sostuvo, al señalar que corresponde a la Fiscalía General de la República y a las demás instituciones determinar si existen elementos para proceder contra los funcionarios señalados.
Pérez Morales señaló que la acusación estadounidense incluye señalamientos por tráfico de narcóticos y delitos relacionados con armas, y afirmó que la demanda ciudadana busca colocar en el centro el debate sobre los estándares de integridad que deben cumplir quienes ocupan cargos de representación popular.
El siguiente paso fue dado por el presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, quien informó que acudió a la Cámara de Diputados para presentar la solicitud de declaración de procedencia contra Inzunza.
De acuerdo con su exposición, el objetivo es que el Poder Legislativo determine si existen elementos para iniciar el procedimiento que permita retirar su inmunidad procesal.
Beltrán Verduzco también afirmó que existen investigaciones y denuncias adicionales en México, aunque esos señalamientos forman parte de las acusaciones expresadas por los promoventes y deberán ser acreditados por las autoridades competentes.
El abogado sostuvo que la entrega de las firmas constituye una manifestación ciudadana y pidió a los grupos parlamentarios atender el procedimiento.
“Hace falta voluntad política”, afirmó, al considerar que el caso no debe permanecer únicamente en el terreno de las declaraciones públicas.
