México, 6 de mayo.- La presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura firme frente a las acusaciones provenientes de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico, tráfico de armas y el grupo criminal conocido como “Los Chapitos”: sin pruebas, no hay acción.
Durante su conferencia, la mandataria subrayó que el gobierno mexicano ya solicitó formalmente evidencias a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego de que autoridades estadounidenses difundieran información que, dijo, carece de sustento jurídico.
“¿Qué pruebas tienen? Porque lo que publicaron es una nota de dichos de alguien y una página toda testeada, con una nota escrita a mano”, cuestionó.
El eje central del posicionamiento presidencial no fue la defensa directa del exgobernador, sino la reivindicación del Estado de Derecho como límite a cualquier presión internacional.
Sheinbaum planteó que México no puede actuar con base en filtraciones, versiones periodísticas o declaraciones de informantes sin respaldo legal, incluso si provienen de agencias como la DEA o del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“No se vale hablar de Estado de Derecho para unas cosas y no para otras”, sostuvo.
Este enfoque le permite al gobierno colocar el debate en el terreno jurídico y de soberanía, evitando asumir como válidas acusaciones externas sin debido proceso.
La presidenta también respondió a versiones que sugieren posibles repercusiones en la relación bilateral —incluido el Tratado de Libre Comercio— si México no actúa contra Rocha Moya.
Ante ello, fue tajante:
- La detención de cualquier persona corresponde exclusivamente a la Fiscalía.
- El Ejecutivo no puede actuar por presión política o mediática.
- Las decisiones deben basarse en pruebas, no en “ficciones”.
“Cumplir con la Constitución y defender la soberanía, eso es lo que debe hacer la presidenta”, afirmó.
Sheinbaum descalificó versiones que atribuyen órdenes desde la Presidencia para frenar investigaciones, calificándolas como “mentira” y “ficción absoluta”.
También cuestionó el uso de supuestos informantes como base de acusaciones, señalando que sin evidencia verificable, estas versiones no pueden ser consideradas válidas dentro del sistema penal mexicano.
Más allá del caso específico de Rocha Moya, la presidenta envió un mensaje más amplio:
- México no aceptará señalamientos sin sustento.
- Las investigaciones deben seguir canales institucionales.
- No se permitirá lo que calificó como posibles actos de “injerencismo”.
Incluso advirtió que, en ausencia de pruebas, este tipo de acusaciones podrían tener una intencionalidad política.
Como parte de su argumentación, Sheinbaum destacó que su gobierno ha logrado la detención de funcionarios locales vinculados con el crimen organizado, pero siempre —dijo— con pruebas y mediante investigaciones formales.
Reiteró que el sistema penal acusatorio en México exige evidencia sólida para proceder contra cualquier persona, independientemente de su cargo.
