México, 22 de octubre.- El senador oaxaqueño Antonino Morales presentará una iniciativa para garantizar la continuidad de la atención psicológica y terapéutica de niñas, niños y adolescentes, especialmente de quienes han sido víctimas de violencia, y evitar que las disputas entre adultos o las decisiones judiciales sin sustento especializado obstaculicen su recuperación emocional.
La propuesta busca cerrar un vacío legal en los procedimientos judiciales familiares, donde actualmente no existen reglas claras para determinar en qué circunstancias puede suspenderse, prohibirse o modificarse el tratamiento psicológico de una persona menor de edad.
Esta falta de disposiciones específicas, advirtió el legislador, puede colocar el bienestar emocional de la infancia en medio de los conflictos entre sus familiares.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es impedir que la sola inconformidad de una persona señalada como probable responsable de violencia sea suficiente para interrumpir la atención psicológica de una niña, niño o adolescente.
El objetivo es que las decisiones sobre su tratamiento respondan a sus necesidades y al interés superior de la niñez, y no a las diferencias entre las personas adultas involucradas en el juicio.
Para ello, la reforma plantea que la continuidad de las terapias sea la regla general y su interrupción una medida excepcional.
Ninguna autoridad podría suspender, prohibir o modificar la atención psicológica, terapéutica o de salud mental sin emitir una resolución debidamente justificada, sustentada en la opinión de especialistas y después de escuchar de manera efectiva a la persona menor de edad.
Además, cuando una resolución judicial se aparte de la voluntad expresada por la niña, niño o adolescente, la autoridad tendría que explicar las razones de su determinación.
Con ello, se busca que su voz sea considerada en las decisiones que afectan directamente su desarrollo y recuperación, de acuerdo con sus condiciones y necesidades particulares.
La iniciativa también establece que las medidas de apremio no podrán utilizarse para impedir el acceso a estos tratamientos.
En los casos de menores víctimas de violencia, se contempla que la atención médica y psicológica gratuita sea ordenada de oficio, con el propósito de evitar que su recuperación dependa de las disputas familiares o de la capacidad de sus responsables para impulsar el procedimiento.
“La niñez no puede quedar atrapada en los conflictos de los adultos. Vamos a garantizar que su atención psicológica no se interrumpa por la sola oposición de quien está señalado como probable agresor; su bienestar vale más que cualquier disputa”, sostuvo Morales Toledo.
Otro componente de la propuesta está dirigido a los servicios de salud, a los que se plantea fortalecer en la detección y atención oportuna, continua e integral de los problemas de salud mental que afectan a niñas, niños y adolescentes, incluidos aquellos relacionados con experiencias de violencia.
El propósito, explicó el senador, es prevenir la revictimización durante los procesos judiciales y proteger la continuidad del vínculo terapéutico, fundamental para que las personas menores de edad puedan avanzar en su recuperación sin verse obligadas a comenzar nuevamente un tratamiento o enfrentar interrupciones derivadas de decisiones ajenas a sus necesidades clínicas.
Morales Toledo señaló que la iniciativa se inscribe en el proyecto de transformación y en el humanismo mexicano, bajo la premisa de colocar en el centro de las decisiones públicas a quienes requieren mayores condiciones de protección.
“En el México de y para la niñez, no dejar a nadie atrás significa cuidar su salud mental hoy para construir un México más justo y con bienestar mañana”, afirmó.
La iniciativa será presentada ante el pleno, donde se buscará establecer mayores garantías para que los procedimientos familiares protejan los derechos de la infancia y no se conviertan en un obstáculo para su atención psicológica y su bienestar emocional.
