México, 5 de noviembre.- La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz García, anunció que el organismo está por concluir la integración de una denuncia relacionada con las presuntas irregularidades en la contratación de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, y adelantó que el documento será presentado en breve, una vez que los equipos jurídicos terminen de revisar los últimos detalles.
La funcionaria informó que ya existen primeros borradores de la denuncia que se presentará ante la FGR, pero subrayó que su contenido debe ser revisado con puntualidad antes de formalizar su presentación, en medio de las investigaciones que distintas autoridades federales realizan sobre la red de compañías que obtuvo contratos de organismos electorales.
Las 10 consejerías del INE denunciarán a Guadalupe Taddei por cinco delitos: enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones.
Entrevistada en el INE, Cruz García explicó que el trabajo jurídico se encuentra avanzado y que el instituto mantiene plena disposición para colaborar con las instancias competentes, aunque rechazó pronunciarse sobre el congelamiento de cuentas y otras medidas que pudiera haber determinado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al señalar que se trata de una autoridad distinta y con atribuciones propias.
Tampoco quiso emitir una opinión sobre la información presentada en la conferencia presidencial respecto a los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas, quienes habrían tenido vínculos laborales desde la década de los noventa con el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como relaciones con personas que posteriormente participaron como proveedores electorales.
La presidenta provisional sostuvo que esos elementos corresponden a las investigaciones de otras autoridades y que el INE no tiene facultades para determinar responsabilidades administrativas o penales.
“Lo que sí podemos decir es que la información es muy relevante, la que se ha venido comunicando y que nosotros reiteramos que estamos en plena colaboración y haremos todos los procedimientos con plena transparencia”, afirmó.
En paralelo, confirmó que el instituto prepara la formalización de convenios de colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) y la UIF para establecer mecanismos de intercambio de información y avanzar en la revisión de la integridad de quienes aspiren a una candidatura en los próximos procesos electorales.
Explicó que el INE ya cuenta con una comisión integrada por tres consejerías encargada de la verificación de la integridad de las candidaturas y que los acuerdos con las autoridades permitirán desarrollar el plan de trabajo correspondiente.
La firma de los convenios estará a cargo de los titulares de las instituciones y, por parte del organismo electoral, corresponderá a ella.
Cruz García aclaró que esta colaboración no significa que el INE asuma funciones de investigación, sino que cada dependencia actuará dentro de sus atribuciones. Incluso, precisó que las autoridades federales no tienen obligación de compartir anticipadamente sus diagnósticos o avances con el instituto.
En otro tema, informó que se mantienen en 30 las renuncias de funcionarios del INE registradas después de la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo, aunque reconoció que la cifra podría incrementarse conforme se formalicen nuevas separaciones.
Detalló que las renuncias llegan por distintas vías, dependiendo del nivel jerárquico de los trabajadores, por lo que la Dirección Ejecutiva de Administración y su área de personal son las encargadas de concentrar y formalizar los movimientos.
Sobre la permanencia de funcionarios cercanos a la anterior presidencia en cargos de la Junta General Ejecutiva, aseguró que las consejerías revisan toda la estructura institucional, comenzando por quienes encabezan las áreas, mediante criterios objetivos y de desempeño.
Advirtió que, si de esas valoraciones se desprende la necesidad de realizar cambios, se llevarán a cabo las renovaciones correspondientes.
La consejera también abordó las inconformidades de trabajadores que han anunciado posibles movilizaciones o paros por demandas salariales y mejores condiciones laborales.
Señaló que desde su llegada se revisan las necesidades de las oficinas centrales y de las juntas locales y distritales, particularmente en materia de insumos, mantenimiento e infraestructura.
Indicó que la instrucción es identificar las necesidades más urgentes y atenderlas antes del cierre del ejercicio fiscal, al tiempo que expresó confianza en que el personal mantendrá sus actividades y su compromiso con la ciudadanía.
Finalmente, reiteró que el INE revisa sus procedimientos de contratación y que, si la Auditoría Superior de la Federación detecta irregularidades que tengan impacto directo en el organismo, deberá notificarlas para que se establezca la coordinación correspondiente.
La funcionaria insistió en que la autonomía del instituto no debe confundirse con opacidad y que su responsabilidad central es organizar elecciones, colaborar con las investigaciones y garantizar la transparencia en el manejo de la información que le sea requerida.
