México, 29 de octubre.- El consejero electoral Arturo Chávez, exdirector general de Talleres Gráficos de México, rechazó que esa institución haya intervenido en las negociaciones para la adjudicación del contrato de producción de la credencial para votar y sostuvo que su participación se limitó a tareas complementarias, con una intervención máxima del 20 por ciento del proceso.
Ante cuestionamientos sobre el procedimiento y las posibles irregularidades en la asignación de un contrato millonario, Chávez aseguró que Talleres Gráficos de México no negoció con el Instituto Nacional Electoral (INE), ni con su entonces presidenta, Guadalupe Taddei, las condiciones para obtener el proyecto.
El consejero explicó que estuvo al frente de Talleres Gráficos durante seis meses y que, en ese periodo, dos consorcios finalistas buscaron incorporar a la institución mediante una alianza estratégica para complementar determinadas etapas de producción de la credencial.
Precisó que fueron los propios consorcios los que presentaron propuestas y que Talleres Gráficos estableció una condición para participar: obtener al menos 20 por ciento de las actividades del proceso general.
Uno de los grupos ofreció únicamente 5 por ciento, por lo que no aceptaron su propuesta, mientras que el otro estuvo de acuerdo con las condiciones planteadas.
«Talleres Gráficos de México no participó en ninguna negociación en la adjudicación de la credencial. Esto correspondió a la empresa mayoritaria», afirmó.
Chávez subrayó que la producción de la credencial para votar está a cargo de la empresa Cosmocolor, integrante del consorcio que finalmente incorporó a Talleres Gráficos, y aclaró que la institución pública no recibe los recursos del contrato ni fabrica directamente los documentos electorales.
Detalló que las responsabilidades asignadas a Talleres Gráficos quedaron establecidas en el contrato y comprenden actividades específicas: pruebas técnicas de laboratorio, control de calidad, adquisición y recepción de materiales e insumos, procesos de impresión —principalmente de sobres—, ensobretado de credenciales para mexicanos residentes en el extranjero y recepción de hojas rechazadas para su reprocesamiento.
También contempla el registro, inhabilitación y resguardo de materiales, así como mecanismos de control durante la producción.
El consejero sostuvo que estas obligaciones no representan más de una quinta parte del proceso y rechazó que la participación de Talleres Gráficos implique que haya asumido la fabricación integral de la credencial.
Sobre su relación con Guadalupe Taddei y la adjudicación, Chávez reconoció que sostuvo una conversación con la entonces presidenta del INE el primer día que asumió la dirección de Talleres Gráficos de México.
Explicó que en ese encuentro planteó la posibilidad de que la institución compitiera directamente por la producción de la credencial para votar; sin embargo, Taddei le respondió que no contaban con las capacidades técnicas necesarias para desarrollar ese trabajo.
Aseguró que aquella fue la única conversación que sostuvo con ella sobre el tema y que nunca volvieron a reunirse para abordar el contrato.
«Jamás volvimos a tener una reunión al respecto y jamás volví a hablar del tema con ella», afirmó.
Añadió que fue aproximadamente una semana antes de que se concretara la incorporación cuando los dos consorcios finalistas buscaron a Talleres Gráficos para proponerle sumarse a sus respectivos proyectos.
Sobre los cuestionamientos relacionados con la adjudicación, el consejero evitó emitir una valoración respecto de las negociaciones entre las empresas participantes, al considerar que corresponde a los propios consorcios explicar cómo se desarrollaron y bajo qué condiciones se definió la participación de cada integrante.
En otro momento, Chávez sostuvo que debe prevalecer la presunción de inocencia, aunque puntualizó que cada persona debe responder por sus actos.
Advirtió que, si llegara a demostrarse que en el procedimiento se configuró algún delito, se trataría de hechos de extrema gravedad.
«De configurarse algún delito, efectivamente sería una traición a la democracia y a este país», expresó, aunque aclaró que no puede dar por acreditada esa conducta mientras no existan elementos que demuestren la comisión de un ilícito.