México, 6 de mayo.- El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, elevó el tono del debate político al exigir de forma directa la detención inmediata del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, además de promover su juicio político y la desaparición de poderes en el estado, al acusar presuntos vínculos entre gobiernos de Morena y el crimen organizado.
Durante su intervención en la Comisión Permanente, el legislador panista sostuvo que en Sinaloa existiría una grave crisis institucional derivada de la supuesta infiltración del crimen organizado en los tres niveles de gobierno, por lo que planteó medidas extraordinarias de carácter constitucional.
Anaya afirmó que debe procederse a la detención inmediata de Rubén Rocha Moya, bajo el argumento de supuestos mecanismos de cooperación internacional y tratados de extradición entre México y Estados Unidos.
El senador sostuvo que no existen impedimentos legales para ejecutar una detención provisional, y acusó que los argumentos del oficialismo para no actuar serían, en su visión, “pretextos” para proteger al mandatario estatal.
Como segunda medida, el PAN anunció que promoverá un juicio político contra Rocha Moya, con el objetivo de lograr su inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por dos décadas.
De acuerdo con la postura de Anaya, esta acción es necesaria debido a la gravedad de las acusaciones que atribuye al gobernador y a la supuesta permanencia de estructuras criminales en el poder público estatal.
El tercer eje de la propuesta panista es la solicitud formal de desaparición de poderes en el estado de Sinaloa, facultad exclusiva del Senado de la República en casos de ruptura del orden constitucional.
Anaya argumentó que, según su visión, existiría una infiltración del crimen organizado en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la entidad, lo que justificaría la activación de este mecanismo extraordinario.
El legislador panista sostuvo que lo ocurrido en Sinaloa no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio en el país, al que atribuyó una supuesta relación entre gobiernos de Morena y grupos criminales.
En ese contexto, acusó que la falta de acción del gobierno federal equivaldría a complicidad, y afirmó que el caso de Rocha Moya representa la “punta del iceberg” de una problemática nacional.