México, 20 de octubre.- El Senado aprobó en su sesión de este martes con 73 votos a favor y 34 en contra la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una propuesta que busca ampliar el uso de transferencias, tarjetas, códigos QR y otras herramientas electrónicas, además de establecer reglas para que comercios, instituciones financieras y autoridades incorporen estos mecanismos a sus operaciones.
El eje central de la reforma es que no plantea eliminar de manera inmediata y generalizada el dinero en efectivo, sino permitir que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determine los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los pagos digitales podrán convertirse en la única forma de pago, bajo condiciones y plazos de transición específicos.
El dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Primera, propone expedir un nuevo marco jurídico para impulsar la adopción de medios de pago electrónicos en todo el país.
De acuerdo con el régimen transitorio, una vez que el decreto entre en vigor, Hacienda tendrá 15 días hábiles para determinar los sectores y actividades en los que podrá establecerse la exclusividad de los pagos digitales.
Posteriormente, las autoridades competentes contarán con otros 15 días hábiles, a partir de la publicación de esa determinación, para emitir las disposiciones correspondientes y establecer los mecanismos de transición.
La propuesta también contempla que, cuando una contingencia técnica o de conectividad imposibilite recibir pagos electrónicos, se permita temporalmente el uso de efectivo o cheques.
Con ello, se busca evitar que las fallas de los sistemas paralicen las operaciones comerciales o afecten los ingresos de los establecimientos.
La nueva ley abrió un debate en el pleno.
Al presentar el dictamen de las comisiones unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes, defendió que la legislación busca ampliar la inclusión financiera, facilitar las transacciones y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Expuso que México cuenta con infraestructura como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), CoDi y Dimo, pero su utilización todavía no alcanza a todos los sectores.
De acuerdo con las cifras citadas por el legislador, durante 2025 se realizaron más de siete mil 300 millones de transferencias mediante SPEI.
Reyes destacó que los pagos digitales pueden ayudar a los pequeños negocios a registrar sus ingresos, ampliar sus modalidades de cobro y generar historiales de operaciones que faciliten la evaluación de solicitudes de crédito.
Sin embargo, legisladores de oposición advirtieron que la reforma podría imponer costos adicionales a comerciantes y consumidores, además de ampliar la capacidad de vigilancia gubernamental sobre las operaciones financieras.
El senador del PAN José Máximo García cuestionó que la Secretaría de Hacienda pueda determinar los sectores en los que el pago digital será obligatorio, sin que, a su juicio, existan criterios suficientemente claros.
También señaló que en comunidades rurales persisten problemas de conectividad y acceso a servicios bancarios.
En la misma línea, la priista Karla Toledo sostuvo que las terminales, el internet y las comisiones bancarias representarían gastos para los pequeños establecimientos, que podrían trasladarse a los precios.
Asimismo, cuestionó la creación de la CURP digital y del expediente digital ciudadano por sus posibles implicaciones para la privacidad.
Por Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo afirmó que la iniciativa podría afectar a comerciantes y trabajadores que operan principalmente con efectivo y carecen de servicios bancarios.
La oposición anunció su voto en contra, mientras los promotores del dictamen llamaron a respaldarlo por sus alcances económicos y sociales.
La iniciativa parte de que México ya dispone de infraestructura para realizar transferencias y pagos electrónicos, pero su utilización continúa siendo desigual.
Según las cifras citadas en el dictamen, el efectivo mantiene un peso predominante en las operaciones cotidianas, especialmente entre pequeños negocios y sectores con menor acceso a servicios financieros.
Los Censos Económicos 2024, retomados en el documento, señalan que 80.7 por ciento de las unidades económicas utilizó efectivo para realizar compras y 83.8 por ciento lo empleó para efectuar ventas.
Las transferencias electrónicas y las tarjetas tienen una participación menor, lo que refleja el margen de crecimiento que todavía existe para los medios digitales.
La ley busca que los pagos electrónicos faciliten las operaciones a distancia, reduzcan los costos y riesgos asociados al manejo de efectivo y generen registros verificables de los ingresos de personas y empresas.
El decreto se turnó a la titular del Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.