México, 6 de febrero de 2020.- La Fiscalía General de la República (FGR) concentrará su capital humano y recursos para frenar la comisión de 10 de delitos que laceran al Estado mexicano y de los cuales fue excluido el feminicidio.
El Senado recibió de la FGR el Plan de Persecución Penal que contempla 10 ejes delimitados de atención prioritaria que, por la gravedad de sus efectos y niveles de violencia, laceran la seguridad de las personas y, favorecen una percepción de inseguridad y vulnerabilidad por la forma en que se cometen y la conmoción social que generan.
Los delitos que perseguirá la Fiscalía son:
Corrupción, contra el patrimonio nacional, económicos y financieros, cometidos contra los derechos humanos, en contra de la libertad de las personas, contra el comercio, de armas de fuego, contra el sistema electoral, ambientales y narcotráfico.
Como conductas a perseguir y castigar aparecen la tortura, la desaparición forzada, el secuestro y la extorsión, pero no el feminicidio.
En el diagnóstico sobre la procuración de justicia, la Fiscalía refiere que en 2018 se registraron 33 millones de delitos, asociados a 247 millones de víctimas de 18 años o más, lo que representó una tasa de 28 mil 269 víctimas por cada 100 mil habitantes y una tasa de concentración de 13 delitos por víctima.
Mientras que los delitos del fuero común constituyeron la principal amenaza para la población, los delitos del fuero federal, específicamente, los relacionados con actividades de la delincuencia organizada representaron un riesgo para el Estado.
La Fiscalía señala que la inseguridad y la violencia tuvieron un costo para los hogares mexicanos de 286.6 mil millones de pesos, cifra equivalente al 15 por ciento del Producto Interno Bruto, con un daño promedio de 6 mil 468 pesos por persona afectada.
Las pérdidas monetarias a consecuencia de haber sido víctima de uno o más delitos, ascendieron a 184. 3 mil millones de pesos, lo que posicionó a México entre las 25 naciones más peligrosas del mundo.
En el Plan, la Fiscalía reconoce que las estructuras de seguridad y justicia se perciben ineficaces ante las magnitudes del fenómeno criminal y la fragmentación de sus acciones.
Sustentada en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la FGR estimó que en 2018 el 93.2 por ciento de los delitos no se denunció o no derivó en una investigación, lo que generó una cifra negra sobre la cantidad de delitos que no fueron captados por las instituciones de procuración de justicia.
Esta cifra negra constata que el funcionamiento del Ministerio Público no genera confianza en la sociedad, principalmente, por circunstancias atribuibles a deficiencias de atención y funcionamiento de la autoridad.
El diagnóstico de la institución fue contundente, en 2018 la entonces Procuraduría General de la República no cumplió con la función de investigar y resolver los delitos a su conocimiento.
Esto concluyó con un rezago superior a las 300 mil investigaciones inconclusas, 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas, más de 28 mil mandamientos ministeriales sin cumplimentar, algunos de ellos prescritos y 3 mil dictámenes periciales rezagados.
Para contrarrestar la improvisación con la que actuó la PGR, la Fiscalía se propone emprender procesos encaminados a ordenar y orientar la investigación, persecución, y ejercicio de la acción penal a través de un óptimo aprovechamiento de sus recursos, capacidades.