México, 29 de octubre.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, cuestionó que instituciones agrarias perdieran su sentido de justicia social y se convirtieran “prácticamente en agencias inmobiliarias”, al señalar prácticas que perjudican a ejidatarios frente a desarrollos turísticos e inmobiliarios.
Durante el XXVIII Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y XI Internacional, organizado por la Comisión de Reforma Agraria del Senado en la antigua casona de Xicoténcatl, llamó a replantear esta materia para proteger la tierra, el territorio y la vida comunitaria.
Aguilar relató que, durante sus recorridos por el país para la elección judicial, recibió testimonios de ejidatarios en la península sobre presuntas simulaciones de asambleas para adoptar el dominio pleno y vender terrenos que después incrementaron considerablemente su valor.
“Hicieron asambleas de dominio pleno ficticios, les compraron su predio en pesos y a la vuelta de un año la están vendiendo en dólares para desarrollos inmobiliarios”, expresó.
Sostuvo que estas prácticas ocurren en lugares con potencial turístico y cuestionó que la intervención institucional se limitara a validar las asambleas, sin considerar alternativas para que los campesinos participaran como socios de los proyectos o recibieran condiciones más justas si decidían vender.
Ante magistrados, especialistas y autoridades agrarias, planteó que la justicia debe superar las disputas de propiedad y posesión e incorporar derechos vinculados con el agua, el medio ambiente, la salud y el bienestar.
“La tierra es también territorio”, afirmó al proponer una armonización de los artículos segundo y 27 constitucionales, particularmente cuando los ejidos y comunidades agrarias también son comunidades indígenas.
Desde su perspectiva, la reforma indígena de septiembre de 2024 abre posibilidades para reconocer sus formas de organización, autonomía y participación en decisiones que afectan sus territorios.
Defendió que el ejido es una figura constitucional y merece protección plena de la Corte y los tribunales.
“El derecho agrario no es derecho de segundo nivel, no es un derecho secundario, es un derecho fundamental”, sostuvo.
El ministro advirtió que esta materia ha perdido presencia en la enseñanza, las políticas públicas y los presupuestos.
Frente a ello, convocó a recuperar su vocación social y evitar que quede reducida a resolver conflictos pendientes mientras avanza la desaparición de la propiedad colectiva.
También reivindicó la conciliación para atender disputas con raíces históricas y componentes económicos, políticos y sociales.
Aguilar aseguró que busca impulsar esta visión dentro de la Corte y pidió evaluar la justicia por sus efectos en las comunidades: “El formalismo en 200 años nos ha dado sentencia, sí, pero no justicia”.
