México, 13 de mayo.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, escaló el choque político entre Morena y el PAN al denunciar una presunta “persecución política” contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y defender que las investigaciones y eventuales juicios políticos deben dirigirse contra funcionarios con posibles vínculos con el crimen organizado y no contra quienes “combaten” a los cárteles.
La legisladora panista fijó una postura frontal frente a las advertencias de Morena sobre posibles acciones legislativas y legales contra la mandataria estatal, luego del aseguramiento de un narcolaboratorio en Chihuahua, y sostuvo que el país atraviesa una definición política y ética sobre el papel de los gobiernos frente al narcotráfico.
“Hoy hay dos tipos de políticos: los que están del lado de los delincuentes, del lado del narco (…) y los políticos que desmantelan narcolaboratorios, que protegen a sus ciudadanos y enfrentan al crimen organizado”, declaró.
López Rabadán utilizó el caso de Chihuahua para contrastarlo con la crisis de seguridad en Sinaloa y los señalamientos contra actores políticos relacionados con el caso de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
La diputada aseguró que sería “un abuso” y “una ofensa a la inteligencia de los ciudadanos” intentar promover un desafuero o juicio político contra Maru Campos.
“Claramente Maru Campos está del lado correcto de la historia, está del lado de la legalidad, de proteger a las familias en Chihuahua. Destruir un narcolaboratorio obliga a reconocerle su trabajo”, afirmó.
En contraste, sostuvo que las investigaciones deberían dirigirse contra gobernantes “acusados de tener ligas o relación con el crimen organizado”.
Otro de los ejes de su mensaje fue la relación entre crimen organizado y poder político.
López Rabadán retomó declaraciones recientes atribuidas a funcionarios estadounidenses sobre la corrupción de políticos mexicanos y afirmó que México debe decidir “qué tipo de políticos quiere”.
“Si queremos políticos corruptos que protejan al narcotráfico o políticos honestos que defiendan a las familias”, expresó.
Aunque evitó pronunciarse directamente sobre una mayor intervención de agencias estadounidenses en territorio nacional, insistió en que la inseguridad y el control territorial del crimen organizado son responsabilidad del Estado mexicano.
“Somos los mexicanos los que debemos reconocer que si hay un político corrupto, un alcalde corrupto o un gobernador corrupto, se le investigue y se le sancione”, dijo.
Incluso aseguró que “30 por ciento del territorio mexicano” estaría cooptado por el crimen organizado, cifra que utilizó para advertir sobre la gravedad de la situación de seguridad en el país.
