México, 22 de abril.- Con el respaldo del oficialismo y del PAN, el Senado aprobó citar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal estatal, César Gustavo Jáuregui Moreno, a una reunión de trabajo.
El resolutivo establece que ambos funcionarios deberán acudir el próximo 28 de abril a las 11:00 horas a la sede del Senado, donde comparecerán ante las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.
El objetivo es que detallen lo ocurrido en el caso donde perdieron la vida dos agentes de la CIA después de participar en un operativo en la Sierra Tarahumara, así como el estado que guardan las investigaciones.
Asimismo, se solicitó que, antes de la reunión, remitan un informe pormenorizado que incluya la cronología de los hechos, las autoridades involucradas, las comunicaciones sostenidas con instancias federales y las actuaciones realizadas conforme a la Ley de Seguridad Nacional.
Este caso, establece el punto de acuerdo aprobado, podría implicar posibles violaciones a la Constitución, omisiones en la coordinación con el gobierno federal y eventuales afectaciones a la seguridad nacional, por lo que se considera necesario esclarecer los hechos mediante este ejercicio de rendición de cuentas.
Las bancadas fijaron postura.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, explicó que la propuesta busca esclarecer una presunta violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, así como posibles omisiones en la comunicación con el gobierno federal y falta de coordinación institucional.
Detalló que existe una controversia derivada de versiones contradictorias emitidas por la Fiscalía de Chihuahua, ya que inicialmente se informó que las muertes ocurrieron tras un accidente durante un operativo para desmantelar un narcolaboratorio, pero posteriormente se negó la participación directa de agentes estadounidenses, pese a versiones periodísticas que señalan lo contrario.
Cantón Zetina subrayó que el caso podría implicar afectaciones a la soberanía nacional, al involucrar la posible presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano sin la debida autorización, lo que, de confirmarse, constituiría una violación constitucional.
El legislador aclaró que la invitación no implica sanción alguna, sino el ejercicio de las facultades del Senado en materia de control político y rendición de cuentas.
“Este punto de acuerdo no significa sanción alguna. Si la invitación es declinada, no prejuzga ninguna culpabilidad penal, serán otras instancias y serán otras autoridades. Lo que eso sí tiene este punto de acuerdo es que el Senado de la República activará su mecanismo de control político, de rendición de cuentas y esclarecimiento documental, plenamente razonable frente a hechos de posible relevancia constitucional y de seguridad nacional”, advirtió.
En contraste, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, cuestionó la legalidad del acuerdo al señalar que el Senado no tiene facultades para citar a gobernadores, al tratarse de entidades libres y soberanas dentro del sistema federal.
No obstante, adelantó que su bancada votaría a favor, al considerar que la comparecencia permitirá a la gobernadora explicar los resultados de su estrategia de seguridad.
Asimismo, anunció que solicitarán la comparecencia de los gobernadores de Sinaloa y Baja California, Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar Ávila, respectivamente.
“Hoy en este momento y por escrito, con toda formalidad, estamos exigiendo la comparecencia de dos gobernadores de Morena, de Rubén Rocha Moya del estado de Sinaloa y de Marina del Pilar del estado de Baja California y para que no evadan responsabilidad el resolutivo es un espejo del suyo, es una solicitud exactamente en los mismos términos, si procede la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, entonces por mayoría de razón procede la comparecencia de los narco gobernadores de Morena”, declaró.
Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, coincidió en la necesidad de defender la soberanía nacional, pero consideró que el Senado debe actuar dentro de sus atribuciones constitucionales y, en este caso, llamar a comparecer a funcionarios federales como el canciller.
“Después de esa reunión de trabajo, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer con lo que nos diga la gobernadora? Nosotros no tenemos facultades de seguimiento. (…) ¿Cuál es la litis del asunto? ¿Qué estaban haciendo personal de seguridad de Estados Unidos en cualquier parte del territorio nacional? Para eso, la presidenta de la República puede mandarle llamar al embajador, puede enviarle una carta diplomática, puede hasta expulsarlo. (…) Nosotros podemos llamarle al secretario de Relaciones Exteriores. ¿No sabía el secretario de Relaciones Exteriores que estaban estos agentes en territorio nacional y qué estaban haciendo?”, cuestionó.
En tanto, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, sostuvo que la Comisión de Puntos Constitucionales carece de competencia para dictaminar el asunto, al no tratarse de un tema estrictamente constitucional, y advirtió que la medida representa una invasión de facultades y un precedente que vulnera el federalismo.
“Estamos violentando el Pacto Federal. La gobernadora de Chihuahua es una autoridad electa democráticamente por la ciudadanía de esa entidad, el fiscal general del estado rinde cuentas ante el Congreso de esa entidad, esa es la arquitectura del federalismo mexicano. (…) Estamos pasándonos por el arco del triunfo a la Constitución del estado libre y soberano de Chihuahua y la Constitución federal además”, señaló.
El punto de acuerdo también solicita un informe detallado previo, con cronología de los hechos, autoridades involucradas y comunicaciones con instancias federales, conforme a lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional.
La reunión fue propuesta para el próximo martes a las 10:00 horas en el Senado.
