México, 22 de enero.- La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que llevó a cabo la renovación de su flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve camionetas tipo Jeep, luego de que las unidades que se encontraban en uso dejaron de cumplir con los estándares necesarios para garantizar su seguridad e integridad personal.
De acuerdo con información oficial, el precio de las unidades adquiridas oscila entre 1 millón 69 mil 900 pesos y 1 millón 700 mil pesos, dependiendo del modelo y equipamiento, todos ellos enfocados a reforzar condiciones de protección ante la alta responsabilidad institucional que desempeñan los integrantes del máximo tribunal del país.
La SCJN explicó que la decisión se tomó con base en opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, las cuales concluyeron que los vehículos previamente asignados ya no ofrecían condiciones adecuadas de seguridad, por lo que su continuidad en operación representaba un riesgo.
En este sentido, el máximo órgano judicial subrayó que la adquisición de las nuevas unidades no respondió a criterios discrecionales, sino a una política de prevención y seguridad institucional, orientada a salvaguardar la integridad de quienes ejercen funciones jurisdiccionales de alto nivel.
Asimismo, la Corte precisó que el proceso de renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente, emitida en 2019, la cual establece que los vehículos asignados por motivos de seguridad deben renovarse de manera periódica, cada cuatro años o incluso antes, cuando las condiciones del automotor no resulten seguras para su operación.
Con el objetivo de no generar un gasto adicional para la institución, la adquisición de las nueve camionetas se realizó de manera paralela a un proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al número de unidades adquiridas, lo que permitió compensar el impacto presupuestal de la renovación.
Finalmente, la SCJN afirmó que con esta decisión reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin poner en riesgo las condiciones mínimas de seguridad necesarias para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional.