Toluca, Estado de México, 21 de enero.- El diputado local por el municipio de Tecámac, Samuel Hernández Cruz, urgió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a investigar denuncias ciudadanas por presuntas extorsiones, abusos de autoridad y detenciones arbitrarias atribuidas a supuestos agentes ministeriales en la carretera federal México-Pachuca, particularmente a la altura de Tecámac y la zona de Ojo de Agua.
El legislador informó que, de acuerdo con diversas publicaciones difundidas en redes sociales, los presuntos responsables habrían incurrido en revisiones sin orden judicial, detenciones arbitrarias y cobros ilegales a automovilistas, bajo el argumento de evitar su presentación ante la Fiscalía.
Según los testimonios que circulan en plataformas digitales, en algunos casos las cantidades exigidas alcanzarían hasta 100 mil pesos, hechos que, de confirmarse, representarían delitos de la mayor gravedad, por lo que demandó una investigación exhaustiva por parte de la FGJEM, encabezada por José Luis Cervantes.
Hernández Cruz recordó que el pasado 15 de enero, el Congreso del Estado de México aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Extorsión, la cual —subrayó— fortalece de manera significativa el marco legal para enfrentar este fenómeno delictivo.
Destacó que con la nueva legislación, la extorsión se persigue de oficio, lo que obliga a las autoridades a investigar y actuar incluso sin denuncia directa de la víctima, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y evitar la impunidad.
Asimismo, advirtió que, de acreditarse responsabilidades, los involucrados podrían enfrentar penas de hasta 42 años de prisión, conforme a lo establecido en la ley vigente.
“La seguridad pública no puede ser pretexto para abusos ni para extorsionar a la ciudadanía. Toda persona tiene derecho a saber quién la detiene, con qué facultades y bajo qué fundamento legal”, enfatizó el diputado.
Finalmente, el legislador reiteró su llamado a la Fiscalía mexiquense para que actúe con celeridad, transparencia y firmeza, a fin de esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las corporaciones de seguridad actúen con apego a la ley y respeto a los derechos humanos.