México, 15 de octubre.- El pleno del Senado de la República aprobó con 83 votos en pro y 38 en contra, y remitió al Ejecutivo Federal el decreto de reformas a la Ley de Amparo, con la modificación introducida por la Cámara de Diputados para precisar que no habrá aplicación retroactiva de la norma, aunque la oposición insistió en que la disposición mantiene ese efecto y limita el acceso a la justicia de los ciudadanos.
La mayoría de Morena y sus aliados avaló el cambio al artículo tercero transitorio, que establece que las etapas procesales concluidas o que hayan generado derechos adquiridos se regirán por las disposiciones vigentes al inicio de los procesos respectivos; mientras que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del decreto quedarán sujetas a las nuevas reglas procesales.
De acuerdo con el dictamen, la modificación busca precisar que la reforma no tiene efectos retroactivos, pues “se trata de una ley procesal” que únicamente aplicará a actuaciones futuras y no afectará derechos adquiridos.
“Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, se regirán por las disposiciones de este decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”, señala el texto aprobado.
La oposición acusa simulación y dedicatoria fiscal
Durante el debate, senadores de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano acusaron que la mayoría oficialista sólo maquilló la retroactividad y mantiene un esquema que permitirá al gobierno cobrar créditos fiscales en litigio por más de dos billones de pesos, afectando principalmente a pequeñas y medianas empresas.
La senadora Carolina Viggiano, del PRI, calificó de “vergonzoso” el proceso legislativo y sostuvo que las reformas restringen el interés legítimo, lo que impedirá que colectivos, comunidades indígenas, ambientalistas o personas vulnerables interpongan amparos.
“Esta ley es más poder al poder y menos acceso a la justicia al ciudadano. Esa es la realidad aunque le llamen como le llaman, pero el propósito del oficialismo es muy claro. Quebraron al país y ya no saben cómo y de dónde tener recursos.
Por eso siguen con este asunto de la retroactividad para cobrar los créditos fiscales que están pendientes. Son casi 200 mil, imagínense, más de dos billones de pesos. Pero, ¿qué creen? De ahí prácticamente todos, salvo algunos, todos los demás, 190 mil, son de microempresas de pequeños comercios”, expresó.
Viggiano advirtió que la reforma limita la suspensión del acto reclamado, lo que dejará sin protección a los ciudadanos frente a embargos, cancelación de permisos o bloqueos de cuentas.
Desde Movimiento Ciudadano, la vicecoordinadora Alejandra Barrales afirmó que el nuevo texto es una “maroma legislativa”, que contradice las propias declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el 2 de octubre reconoció que la iniciativa original no contemplaba ese transitorio.
“Un nuevo artículo tercero transitorio que insiste en la aplicación retroactiva de la ley de desamparo, es decir, ignoran una vez más lo dicho por la presidenta de la República. Y lo que están proponiendo con este nuevo texto es que las disposiciones de las presentes reformas sean aplicadas a los asuntos que actualmente están en trámite.
“Hicieron ahí algunas redacciones donde quieren aparentar que no va a afectar, pero por más redacción que quieran encubrir, van a afectar a los artículos que actualmente están en trámite. Una mentira, aunque se repita una y otra vez, nunca se convierte en verdad. Y hoy nos queda completamente claro que este transitorio tiene dedicatoria”, sostuvo Barrales.
“Ley de desamparo”: PAN
Por el PAN, la senadora Guadalupe Murguía consideró que la reforma debilita al juicio de amparo, al restringir la suspensión de actos de autoridad y condicionar su procedencia a criterios más estrictos.
“El amparo nació para poner un alto al abuso de poder. Esta reforma contraviene la Constitución en materia de progresividad de derechos humanos. Es una ley pro gobierno, no pro persona”, señaló.
Murguía criticó que la mayoría pretenda justificar la reforma bajo el argumento de que la Ley de Amparo es procesal:
“Hoy queda más que claro que la supuesta corrección a la retroactividad fue una cortina de humo, una simulación para desviar temporalmente la opinión pública del perjuicio más grave que representa la reforma a la Ley de Amparo, que es cuando limita la suspensión del acto reclamado. El amparo, compañeras, compañeros, nació para poner un alto al abuso de poder.
“Esta reforma contraviene nuestra Constitución en materia de progresividad de los derechos humanos. Esta ley busca blindar al gobierno, limitando aún más los derechos ciudadanos. Tiene una clara dedicatoria los empresarios poderosos que litigan sus deudas fiscales”, advirtió.
Morena defiende el dictamen
En respuesta, senadores de Morena defendieron la aprobación del dictamen y aseguraron que la modificación del artículo tercero transitorio atiende las observaciones hechas por especialistas y responde a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara rechazó que la ley tenga dedicatoria y sostuvo que su objetivo es modernizar los procedimientos judiciales para hacerlos más ágiles y eficaces.
“Se trata de una ley procesal. No hay retroactividad ni persecución política, sólo el propósito de garantizar que los juicios de amparo se desarrollen con mayor certeza jurídica”, afirmó.
