México, 23 de septiembre.- Padres de familia que fueron separados de sus hijos, denunciaron una red de extorsión que utiliza a los menores, cuyas parejas están en proceso de divorcio, para obtener beneficios económicos y manipular las resoluciones judiciales.
De acuerdo con Olivia Rubio, abogada penalista y representante de uno de los padres de los menores, los distintos despachos que representan al menos a siete personas, detectaron que las personas que están interviniendo en todas las carpetas de investigación, son las mismas, partiendo del despacho de donde están siendo atendidos estos asuntos y que está a cargo de Ana Katiria Suárez.
“Lo que llama mucho la atención es que, los abogados de este despacho, siempre que hacen una denuncia solicitan el dictamen a un área de la Fiscalía que no necesariamente es la que debe de atender. En todos los casos de ese despacho solicitan la atención para el dictamen en materia de Psicología sea en el Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar (CAVI) y curiosamente esta atención siempre recae en dos de los peritos que trabajan ahí y siempre salen, aún sin datos, con afectación”, explicó.
En este contexto, la abogada denunció que lo que han creado estas personas junto con el despacho de Ana Katiria Suárez, es “una red de extorsión a los papás, pues primero les piden alimentos muy altos, muy altos, me refiero a un millón, millón y medio de pesos mensuales, cuando se niegan o cuando justifican que estos alimentos son desproporcionados, viene la denuncia penal acusando violencia en contra de la ex esposa, pero sobre todo, y lo que es mucho más grave utilizando, instrumentalizando a las niñas, niños, a los hijos, alegando desde violencia familiar hasta violencia sexual”.
En diversos asuntos iniciados por mujeres en contra de sus exparejas, todas representadas por la abogada Suárez Castro y radicados en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se encontró la participación de diversos servidores públicos en la comisión de hechos con apariencia de delitos.
En las indagatorias CI-FIDCANNA/59/UI-3-C/D/00609/02-2024 interpuesta por Regina Seemann Audifred; en la CI-FIDCANNA/59/UI-3-C/D/04559/11-2023 interpuesta por Marisol Cervantes Salvatori y CI-FIDCANNA/59/UI-3-C/D/00220/01-2024 interpuesta por María Fernanda Turrent Hernández, se encontraron similitudes entre abogados, Ministerios Públicos, psicólogos y peritos.
Los acusados denunciaron que la abogada pide a los menores mentir en declaraciones que tienen que ver con abuso sexual, físico y psicológico “con el objetivo de influir en decisiones clave relacionadas con la cuota de pensión alimenticia, custodia y otros aspectos financieros”.
En entrevista, los afectados señalaron que las principales tácticas de extorsión que se han detectado son inducción de declaraciones falsas, manipulación emocional de los niños, aprovechamiento del sistema judicial, presentación de pruebas falsas y manipulación de mujeres como testigos clave.
Por ello, adelantaron que están integrando los expedientes para denunciar a la abogada y la presunta red de corrupción y tráfico de influencias en beneficio de sus clientas.
De acuerdo con especialistas, el uso de menores como herramientas de extorsión en procesos judiciales ha generado consecuencias devastadoras para las familias como el daño psicológico a los niños y ruptura de relaciones familiares debido a “la manipulación y alienación de los menores ha causado, en muchos casos, una ruptura definitiva de la relación entre el padre afectado y sus hijos, afectando tanto su estabilidad emocional como el entorno familiar”.
En este contexto, hicieron un llamado a las autoridades judiciales y legislativas, para que refuercen los mecanismos de protección en los procesos de divorcio y custodia, con el objetivo de prevenir la manipulación de los menores y garantizar que los casos sean resueltos de manera justa y equitativa.