México, 13 de agosto.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que el traslado de 26 líderes del crimen organizado a Estados Unidos se debió a que, pese a estar recluidos, continuaban coordinando actividades ilícitas desde los penales.
En conferencia de prensa, García Harfuch detalló que la medida, solicitada por el Departamento de Justicia estadounidense y aprobada como decisión soberana del gobierno de México, tiene como objetivo frenar delitos como secuestros, extorsiones, homicidios y amenazas a funcionarios.
“Estos delincuentes de alto perfil seguían operando mediante visitas, que por respeto a sus derechos humanos no pueden prohibirse, pero que eran aprovechadas para extender redes de corrupción e intimidación. Esto representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”, señaló.
El funcionario agregó que varios de los trasladados, entre ellos Abigael “N” alias “El “, Servando “N” alias “La Tuta” y Hernán Domingo “N” alias “El Mero Mero”, contaban con amparos para permanecer en penales de baja seguridad o buscaban resoluciones similares, lo que podría facilitar su traslado a centros menos vigilados, aumentando el riesgo de fuga o de continuar sus operaciones criminales.
Algunos incluso tenían recursos legales para obtener liberación anticipada.
El traslado de estos 26 delincuentes involucró a 988 elementos y 90 vehículos de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, SSPC y FGR.
Desde la Base Aérea Militar No. 1, se utilizaron 11 aeronaves de la Defensa Nacional y una de la Marina para trasladar a los detenidos a cinco destinos en Estados Unidos:
• 8 a White Plains, Nueva York
• 1 a John F. Kennedy, Nueva York
• 5 a San Diego, California
• 6 a Phoenix, Arizona
• 6 a Dulles, Virginia
Entre los extraditados se encuentran líderes y operadores de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Los Zetas, Caballeros Templarios, Cártel de los Arellano Félix y Los Beltrán Leyva, así como un químico búlgaro especializado en la fabricación de fentanilo y un traficante de personas originario de Sierra Leona.
De este grupo, solo el traficante de personas enfrenta una pena mínima de 45 años; el resto podría recibir cadenas perpetuas en Estados Unidos.
“Actualmente, los centros penitenciarios en los que estaban recluidos operan con normalidad y no se registró ningún incidente durante la operación”, concluyó Harfuch.
