Mazatlán, Sinaloa, 27 de febrero.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que desde octubre de 2024 el Gobierno federal reforzó de manera permanente la presencia de fuerzas armadas y de seguridad en Sinaloa, tras el incremento de la violencia derivado de la disputa entre grupos criminales rivales.
En un mensaje acompañado por el gobernador Rubén Rocha Moya, el funcionario detalló que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad ampliar el despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, además de mantener sesiones periódicas en la entidad para supervisar directamente las operaciones.
García Harfuch explicó que la estrategia federal se centra en tres ejes: disminuir la incidencia delictiva —particularmente homicidio doloso y delitos de alto impacto—; detener a generadores de violencia y desarticular redes criminales en zonas prioritarias; y fortalecer las capacidades de investigación, inteligencia y prevención, incluida la profesionalización de la Policía Estatal.
Como parte de ese fortalecimiento, indicó que se entregaron 100 patrullas a la corporación estatal y se comisionó personal militar para tareas de capacitación y apoyo operativo.
Del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026, las autoridades federales reportaron en Sinaloa:
• 2 mil 225 personas detenidas por delitos de alto impacto.
• 33 toneladas de droga aseguradas.
• Mil 942 laboratorios y áreas de concentración para metanfetamina desmantelados.
• 4 mil 850 armas de fuego aseguradas, lo que representa cerca del 20% del total nacional.
Entre el armamento incautado destacan más de un millón de cartuchos, fusiles Barrett, ametralladoras, lanzagranadas, granadas y más de 5 mil 500 artefactos explosivos improvisados.
El secretario se refirió a tres casos recientes que generaron alarma social: la privación de la libertad de 10 trabajadores mineros en Concordia; el secuestro de seis personas originarias del Estado de México en Mazatlán —de las cuales dos fueron liberadas y cuatro continúan desaparecidas—; y la privación de la libertad de un joven procedente de Durango.
En el caso de los mineros, informó que el 3 de febrero fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Jesús Abel N., identificado como generador de violencia vinculado a una célula de “Los Chapitos”.
Añadió que se investiga la posible existencia de fosas clandestinas con apoyo de peritos federales.
Respecto al ataque del 28 de enero en Culiacán contra los diputados Elizabeth Montoya y Sergio Torres, señaló que ya hay un detenido y se gestionan nuevas órdenes de aprehensión.
Durante las últimas semanas, el Gabinete de Seguridad reportó múltiples operativos en municipios como Badiraguato, Mazatlán, Culiacán, Navolato, Cozalá y Mocorito.
Entre los detenidos destacan presuntos operadores vinculados a facciones del Cártel de Sinaloa, tanto del grupo de “Los Chapitos” como de “Los Mayos”, varios de ellos con órdenes de extradición o requerimientos judiciales en Estados Unidos por tráfico de fentanilo y metanfetamina.
En Mazatlán fue detenido Daniel Alfredo N., alias “El 23”, con fines de extradición; en Culiacán, Israel N., alias “El Palillo”, señalado como operador regional; y en distintos operativos se aseguraron cargamentos relevantes de fentanilo, cocaína y metanfetamina, incluido un decomiso de 78 kilos de fentanilo en Cozalá.
García Harfuch subrayó que el Gabinete de Seguridad mantendrá presencia continua en la entidad y que las investigaciones seguirán abiertas “hasta detener a todos los involucrados”, con el objetivo de evitar impunidad en homicidios, secuestros y extorsiones.
